El sistema Democrático tiene como uno de sus principios básicos la libertad de asociación, que establece claramente que todo individuo o colectivo tiene derecho a reunirse u organizarse para diferentes fines lícitos, y los trabajadores del sector público, en este caso, los educadores que somos del área de educación podemos ejercer ese derecho. El derecho a huelga, es el mecanismo con el que los trabajadores ejercemos presión para que nos escuche o mostrar nuestro descontento con las condiciones laborales o políticas del país está regulado en el art. 69 de la Constitución Panameña. La huelga es una las partes integrantes del derecho de libre asociación. En consecuencia, las medidas del gobierno en la reciente huelga de querer intentar descontar salarios a los educadores o despedirlos o aplicarles medidas disciplinarias por participar de la huelga viola directamente los principios constitucionales y Democráticos del país, porque esas medidas buscan sancionar a los que ejercemos el Derecho a Huelga, es decir, desconocen tal Derecho y sancionan al que intenta ejercerlo. Por ello decimos, sin exagerar, que en Panamá tenemos una Autocracia o sistema de gobierno que intentan imponer por la fuerza de la violencia judicial o física sus leyes y decisiones.
Tanto la Ministra Lucy Molinar como el presidente Ricardo Martinelli, como ha sido ya demostrado ampliamente en su gestión de gobierno, tienen una orientación ideológica claramente contra los trabajadores organizados, lo que no quiere decir que los anteriores gobierno no la tuvieran, pero estos la muestran sin cinismo.
La firma del Acuerdo de Terminación de Huelga que se dio por parte del MEDUCA es la aceptación, por parte del Estado Panameño, de la existencia del ejercicio del Derecho a Huelga de los Educadores panameños.
Además de derogar el decreto privatizador 920, con la lucha por el reconocimiento del Derecho a Huelga, dejamos claro que el Estado Panameño no tiene para los educadores panameños unas leyes específicas en materia laboral que nos proteja, por eso los directores, supervisores y otros funcionarios del MEDUCA y testaferros de los partidos de gobierno actúan como mercenarios intimidando a los educadores, por ello en la mesa de diálogo, tras la huelga de 2011, una de las propuestas fue la creación de un marco jurídico que proteja realmente los derechos laborales del docente con la creación de una ley de la nación que regule los aspectos laborales de la profesión docente, para que el MEDUCA no sea juez y parte en los conflictos laborales individuales y colectivos y se elimine de raíz los intentos de los partidos politiqueros de querer manipular siempre los nombramientos, traslados y otros aspectos de la Educación. Todas estas Propuestas son para fortalecer la institucionalidad y la Democracia en la situación laboral de los educadores panameños. Que no tengamos en las huelgas o conflictos laborales individuales o colectivos que sufrir los largos procesos y los abusos de las autoridades, que regulan todo el sistema educativa a punta de decreto, muchos de los cuales son inconstitucionales, sin un modelo jurídico sistemático que respete el Estado de Derecho.
Precisamente, por el hecho de que los docentes gremialistas fuimos a las negociaciones de 2011 con propuestas serias para transformar profundamente el sistema educativo en todos sus ámbitos, fue que la Ministra Molinar y sus funcionarios no soportaron el nivel del debate e irrespetuosamente y faltando al cumplimiento de resuelto 5432 del 29 de julio de 2011(ver aquí) se levantaron de la mesa de negociaciones e impusieron luego el recién derogado decreto 920.
¿Cuál es la nueva etapa de lucha del movimiento docente gremialista?
Los problemas del sector docente como aprendimos en la reciente huelga, no es únicamente un problema de aumento de salario, sino más grave que eso, ¿porqué? Porque si nos imponen las medidas neoliberales (privatizadoras) en Educación como el decreto 920 perderemos no solo la permanencia docente, sino que seremos, ya no trabajadores, sino prácticamente esclavos del MEDUCA y sus dirección politiquera, sin derecho a reclamar mejoramiento de las condiciones laborales y menos de la Educación Pública.
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En la nueva etapa de lucha los educadores gremialistas ya no estamos a la defensiva, sino a la ofensiva, proponiendo con fuerza, medidas que fortalezcan nuestros derechos y los de la comunidad educativa. Todo nuestro accionar se enmarca en lograr las transformaciones democráticas del sistema educativo, eliminar la politiquería y su mediocridad en la gestión de la educación pública, orientar la educación hacia el desarrollo no de la competencia, porque la competencia es el principio de cualquier guerra, sino en la complementaridad y cooperación de los individuos y la comunidad para construir un desarrollo humano de acuerdo a la realidad ambiental, sociocultural y económica de Panamá, no importando modelos de moda u otras vanalidades que han hecho daño al país.
Por otro lado, la protección de nuestro Derechos y condiciones laborales tienen que hacerse ley de la nación, no podemos continuar con los permanentes abusos de los funcionarios de turno en el MEDUCA y el gobierno nacional, la profesión docente tiene que dignificarse, creándose un marco legal específico que enraíce el cumplimiento del Estado de Derecho en el ejercicio de nuestra profesión.
La Asociación de Educadores Veraguenses, viene desarrollando un gran esfuerzo para que cada educad@r panameño conozca las propuesta que tenemos y que serán debatidas en la Comisión de Alto Nivel, como uno de los puntos que figura en el Acuerdo de Terminación de Huelga, cada educad@r tiene que ser vocero de estas propuestas. Por ello, debemos estar atentos en nuestros centros de trabajo para cuando se convoquen reuniones y talleres de formación sobre las propuestas.
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