Es claro que la Educación Pública es un problema político en la medida que es un problema del Poder Público, de quién tiene el poder de tomar las decisiones principales en la gestión de la política pública de educación. En consecuencia, el escenario de crisis educativa recurrente, no es sino el resultado del un Régimen Político donde los que tienen el monopolio totalitario de las decisiones en el Estado, los beneficiados o privilegiados del Régimen Político, -los Partidos Políticos y los agentes financieros de los mismos-, toman malas decisiones, basadas en sus conflictos de intereses, que tienen en crisis la educación pública panameña y demás aspectos fundamentales de la vida de los habitantes del país. Se impone entonces la necesidad de superar el Régimen Político, que se fundamenta legalmente en la actual constitución de la república, mediante la movilización ciudadana para que en elecciones libres y en igualdad de condiciones, los ciudadanos escogan a quienes les representarán en el diseño de una nueva constitución.
La crisis educativa no tiene solución a lo interno del aparato institucional del MEDUCA, porque es producto de la crisis del Régimen Político, de la manera en que se organiza el Estado Panameño.
Panamá tiene una Constitución que data del régimen de los militares, hoy es un marco legal y político lleno de escollos antidemocráticos y desactualizado que ha facilitado el descalabro de la corrupción del Régimen Político nacido de la invasión de 1989, llamado Partidocracia Presidencialista, porque es la dictadura mafiosa de los partidos políticos contra la voluntad independiente de los ciudadanos.
Necesitamos una nueva constitución que cumpla con los siguientes objetivos:
1. Liquidación del régimen político de la partidocracia presidencialista mediante una constitución que desarrolle el principio de conflicto de intereses para limitar que los intereses empresariales y políticos dominantes influyan sobre las decisiones y la transparencia de la gestión pública.
2. Desarrollo de un marco legal de blindaje de los derechos económicos, sociales como educación, vivienda...y ambientales de la población.
3. Desarrollo de un marco legal para la distribución ciudadana del poder político y la reforma democratizadora del sistema electoral actual, hacia la participación amplia y abierta de todos y todas los sectores, de las diversas formas posibles, en el desarrollo político del país.
Como señala el sociologo Marco Gandasegui, la crisis en todas las esferas del Estado refleja una profunda descomposición del actual Régimen Político que se estructuró después de la invasión militar de EEUU a Panamá en 1989.
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En 2014, el actual presidente de la Republica, Juan C. Varela, prometió una ‘Asamblea constituyente’. En 2015 - desde el poder –dio un paso atrás y anunció que no era el mejor momento para hacer realidad la promesa. Obviamente, una convocatoria lo dejaría a él y a su partido Panameñista en una extrema minoría convirtiéndose en títere de los partidos de oposición y sus intereses económicos.
En 2015, el gobierno del presidente Varela promovió las investigaciones contra los colaboradores de su predecesor, Ricardo Martinelli, por los abusos de corrupción y el asalto al Tesoro Nacional. El mismo Martinelli es, actualmente, investigado por la Corte Suprema de Justicia. Este detalle complica el escenario creado por los escándalos surgidos dentro de la Corte por los magistrados que están enfrascados en una lucha por el poder entre diferentes mafias de poder económico y sus referentes políticos: Cambio Democratico, Movin, PRD, PP, Panameñistas, Molirena.
El debate en el contexto del diseño de una nueva Carta Constitucional, abre también el debate de la reconstrucción del aparato institucional de gestión de la Educación Pública, una Constituyente Educativa, en otros términos, la construcción de una institucionalidad profundamente Democrática para la gestión de la Educación Pública. Sobre el nuevo pacto social Democrático, ha de plantearse y diseñarse un Plan Nacional de Recuperación Educativa y Cultural del país, que establezca al inmediato, mediano y largo plazo una sólida política pública educativa del Estado Panameño.
Proceso destituyente
No hay proceso constituyente que no implique al mismo tiempo un proceso destituyente, esto es, una voluntad de modificación de la correlación de fuerzas existentes para romper con lo que hay, o con parte de lo que ya existe, y para plantear algo nuevo. Este fue el punto de partida de los procesos revolucionarios que acabaron con los antiguos regímenes opresores del siglo XVII y XVIII. Fue el punto de arranque, también, de los procesos constituyentes que, en ruptura con el fascismo y otras dictaduras, alumbraron las grandes constituciones republicano democráticas del siglo XX, como la italiana de 1948 o la portuguesa de 1976. Y ha sido, también, una pieza clave en los procesos constituyentes posneoliberales que se han abierto en el siglo XXI en América Latina, en algunos países del norte de África o en Islandia.
Proceso instituyente
Frente al proceso destituyente, donde la población se manifiesta, en todas las formas posibles, contra el Régimen Político imperante y sabe que las cosas no cambiarán si no existe un nueva carta magna, también se precisa la consolidación de la capacidad de los ciudadanos de construir una nueva institucionalidad, en el caso de Educación, hablamos de la capacidad de llevar adelante el desarrollo del Plan Nacional de Recuperación Educativa y Cultural.
En este aspecto el movimiento docente democrático tiene un papel central, para crear las sinergias necesarias que consoliden las transformaciones, por ello es vital que desde este momento se tejan todas las alianzas sociales y políticas que hagan posible cada etapa de este proceso de Constituyente Educativa.
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