Lucy Molinar y el dinero que nunca llegó a las escuelas

La Responsabilidad Penal de Quienes Dejan de Invertir en la Educación: una denuncia desde el interés superior del niño

LA PROMESA ROTA 

Hay una promesa escrita en la Constitución de Panamá que lleva décadas siendo ignorada por el régimen que controla el poder político desde la pos invasión de 1989. El artículo 91 establece claramente que la educación es un derecho fundamental. En 2023, se promulgó una ley que ordenaba destinar al menos el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector educativo. Sonaba bien en los titulares, sonaba a progreso, a futuro. Pero la realidad es otra muy distinta. 

Hay escuelas en Panamá donde los niños no tienen agua potable para beber, ni las condiciones de educabilidad mínimas para el proceso pedagógico. No sólo escuelas ranchos, que son la inexistencia misma de infraestructur. Hay aulas donde las losas del techo amenazan con caer sobre las cabezas de los estudiantes. Hay maestros dando clase en corredores porque no hay suficientes salones. Y hay funcionarios públicos que, mes tras mes, año tras año, firman documentos que dejan sin ejecutar los fondos destinados a cambiar esta realidad, como es el caso de la periodista Lucinda Molinar, hoy ministra de Educación en el gobierno de José Raúl Mulino.

Esta es una historia sobre esa distancia escandalosa entre lo que la ley ordena y lo que los funcionarios hacen. Es una historia sobre niños que pagan las consecuencias de decisiones que nunca debieron tomarse o no se tomaron, se omitieron. Y es, sobre todo, una denuncia sobre la responsabilidad que debería exigirse a quienes, teniendo el poder y el mandato de invertir, simplemente no lo hacen. 

LOS NÚMEROS QUE DEBEN ESCANDALIZARNOS 

Hablemos claro: en los últimos siete años, aproximadamente mil millones de dólares destinados a educación no se ejecutaron. No es que no existiera el dinero. Es que alguien decidió no gastarlo, para . Durante el primer semestre de 2025, el Ministerio de Educación (MEDUCA) ejecutó apenas el 27% de su presupuesto. Piense en esto: de cada cuatro dólares asignados para escuelas, maestros, libros y tecnología, solo uno llegó a su destino.¿Que se hizo el resto del dinero? se va en los proceso de corrupción legalizada del Estado depredador que vive Panamá. Sólo en el mes de febrero se da un traslado masivo de aproximadamente B/.505 millones provenientes del sector educación hacia el Miniesterio de Obras Públicas por  B/.368.5 millones y al Ministerio de Vivienda de B/.136.5 millones.  Ambos sectores con fuerte uso de contratación pública de obras, donde suelen aparecer adendas, ampliaciones de contratos y pagos atrasados, propio de mecanismos de corrupción legalizados. 

Desde un enfoque de investigación anticorrupción y economía política del presupuesto el mecanismo típico funciona así:
1. Se aprueba un presupuesto alto en educación.
2. Durante el año no se ejecuta parte del presupuesto (subejecución).
3. Esos saldos pueden reprogramarse mediante traslados aprobados por la Comisión de Presupuesto.
4. Los recursos terminan en ministerios con alta capacidad de contratar obras (MOP, vivienda, etc.).
5. Eso no es automáticamente ilegal, pero sí crea un incentivo político:

Educación → gasto social difícil de ejecutar rápido.

Infraestructura → gasto fácil de ejecutar mediante contratos y adendas.

La FETEP y otros organismos de defensa del derecho a la educación han documentado una realidad que duele: más del 95% de las escuelas oficiales presenta diferentes niveles de problemas de infraestructura. La misma Defensoría del Pueblo señala que casi la mitad (44.44%) tiene estructuras deficientes: losas a punto de colapsar, baños sin puertas, aulas improvisadas con láminas de zinc. Más de mil escuelas en todo el país no tienen agua potable. El 30% carece de conectividad a internet. En el siglo XXI, en un país que se dice el más rico de centroamerica, hay niños aprendiendo en condiciones que avergonzarían a cualquier sociedad civilizada. 

¿Y los niños? Están abandonando las aulas. Según cifras oficiales, más de 9,145 estudiantes desertaron del sistema educativo en 2023. En 2024, la cifra preliminar supera los 2,500 jóvenes que colgaron los libros. Cada número es un niño que probablemente no volverá a la escuela. Cada uno es una oportunidad perdida, un futuro truncado gracias a la incapacidad y corrupción de quienes dirigen la cartera educativa y gestionan el Estado. 

LA LEY QUE SE IGNORA TIENE CONSECUENCIAS 

La Ministra de Educación Lucy Molinar tiene ya antecedentes en ignorar la ley e intentar pasar impune. Pero la no ejecución presupuestaria en educación puede constituir un delito. No es simplemente una "mala gestión" o un "error administrativo". Cuando hay un mandato legal explícito de invertir y ese mandato se incumple sistemáticamente, estamos hablando de responsabilidad penal. 

El incumplimiento del artículo 266 de la Ley Orgánica de Educación —que ordena destinar no menos del 7% del PIB al sector educativo— puede tipificarse bajo figuras como la omisión de funciones, la negligencia grave o incluso el peculado por no disponer de fondos asignados. No es una interpretación forzada: es la aplicación directa de un Código Penal que existe para sancionar precisamente este tipo de conductas. 

Pero hay un problema: durante años, nadie ha querido ver esta realidad. El resultado es una impunidad que protege a los funcionarios negligentes y abandona a los niños que debieran ser protegidos. 

EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO: MÁS ALLÁ DEL ESLOGAN 

En derecho internacional y en nuestra propia legislación, existe un principio llamado "interés superior del niño". Significa que en toda decisión que afecte a menores de edad, su bienestar debe ser la consideración primordial. No es un adorno retórico. Es una obligación jurídica vinculante. 

Cuando un funcionario decide no ejecutar fondos destinados a construir escuelas, está violando este principio. Cuando deja sin asignar recursos para alimentación escolar, está vulnerando el derecho a la educación y a la alimentación de miles de niños. Cuando las autoridades conocen que el

91% de las escuelas están deterioradas y no actúan con la urgencia que el caso requiere, están fallando a la obligación constitucional de proteger a la infancia. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Panamá, establece que los Estados deben adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la infancia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: el incumplimiento de estas obligaciones puede generar responsabilidad internacional del Estado. Y a nivel interno, cuando ese incumplimiento se debe a negligencia grave o dolo, debe generar responsabilidad penal individual. 

¿QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS? 

Las víctimas de estos delitos de omisión presupuestaria tienen rostro y nombre. Son los niños que ya sufren para acceder a las escuelas sin agua ni electricidad. Son las niñas que abandonan sus estudios porque no hay baños dignos en sus planteles. Son los adolescentes que desertan porque las condiciones de aprendizaje son tan precarias que prefieren trabajar o quedarse en casa. 

Son también los maestros que compran materiales con su propio salario porque el Estado no los provee. Las familias que ven cómo el sistema educativo falla a sus hijos sin poder hacer nada. Las comunidades rurales e indígenas que históricamente han sido las más afectadas por esta negligencia estructural. 

Cuando se habla de "no ejecución presupuestaria", se habla de números fríos. Pero detrás de cada millón no gastado hay un niño que no recibió la calidad de la educación como Derecho Humano fundametal. Hay un aula que no se construyó. Hay un comedor escolar que nunca abrió. Hay un futuro que se postergó. 

LO QUE DEBE PASAR AHORA 

Primero, es necesario reconocer que esto es un problema de justicia, no solo de gestión. Los órganos de control —la Contraloría General, el Ministerio Público, la Procuraduría de la Administración— deben dejar de tratar la no ejecución presupuestaria en educación como un asunto meramente administrativo. Hay vidas de por medio. Hay derechos vulnerados. 

Segundo, se requiere un protocolo penal operativo, técnicamente sólido, que permita a los fiscales investigar y perseguir estos casos con las herramientas jurídicas adecuadas. No basta con decir que "algo debe hacerse". Hay que definir cómo se investiga, cómo se prueba, cómo se imputa, cómo se sanciona. 

Tercero, la sociedad civil debe exigir rendición de cuentas. Cada niño que abandona la escuela por falta de condiciones dignas es una prueba de que algo está fallando. Cada escuela deteriorada es evidencia de un delito potencial. El silencio cómplice debe romperse.

Cuarto, y fundamental, los niños deben ser escuchados. El interés superior del niño no se impone desde escritorios gubernamentales. Se construye escuchando a las víctimas directas de estas omisiones. Los niños tienen derecho a participar en las decisiones que los afectan, y su voz debe ser parte de cualquier proceso de rendición de cuentas. 

Hay quienes dirán que criminalizar la no ejecución presupuestaria es excesivo. Que se trata de decisiones técnicas complejas, de limitaciones macroeconómicas, de factores externos que escapan al control de los funcionarios. Pero esos argumentos no resisten el análisis. 

La ley es clara: el 7% del PIB debe destinarse a educación. No es una sugerencia, es un mandato. Y cuando ese mandato se incumple año tras año, cuando los fondos asignados no se ejecutan, cuando las escuelas se caen a pedazos mientras los niños intentan aprender, no estamos ante un "problema de gestión". Estamos ante un delito de omisión. 

La Constitución protege el derecho a la educación. La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a destinar el máximo de recursos disponibles a la infancia. El Código Penal sanciona la omisión de funciones y la negligencia grave en el ejercicio del cargo. Todo el marco jurídico está ahí. Lo que falta es la voluntad de aplicarlo. 

Mientras tanto, miles de niños panameños siguen pagando el precio de la impunidad. Ellos no pueden esperar. No pueden esperar a que las autoridades "se organicen mejor". No pueden esperar a que "las condiciones macroeconómicas mejoren". Su infancia transcurre ahora. Su educación se pierde ahora. Su futuro se define ahora. 

El dinero destinado a la educación en Panamá, que asciende a unos $425 mensuales por estudiante, no se traduce en mejores resultados educativos debido a una gestión ineficiente, burocracia, corrupción y proyectos mal diseñados y ausencia de planificación fundamentada en datos y contextos de análisis integral que se agudiza con la profunda debilidad institucional. La responsabilidad penal por la no ejecución del presupuesto educativo no es una propuesta radical. Es la aplicación de la ley existente a un problema que ha sido ignorado por demasiado tiempo. El interés superior del niño exige que actuemos. La justicia exige que sancionemos. La dignidad de miles de niños panameños exige que no sigamos mirando hacia otro lado. 

Fuentes consultadas: 

 

• La Prensa: "Unos $1,000 millones sin ejecutar en educación en 7 años" (Agosto 2025) 

• Defensoría del Pueblo: Informe Especial sobre Centros Educativos 2025 

• La Estrella: "Presupuesto del Estado no asignó 7% del PIB a Educación" (Octubre 2024) 

• Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por Panamá) 

• Constitución Política de la República de Panamá (Art. 91)

• Ley 47 de 1946 (Ley Orgánica de Educación), modificada por Decreto Ejecutivo 10 del 2 de febrero de 2023