En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Panamá eleva su voz para denunciar con firmeza que, en Panamá, la opresión histórica contra los pueblos originarios no es un vestigio del pasado, sino un patrón vivo, estructural y sistemático que atraviesa gobiernos, regímenes y décadas, hasta la fecha.
En el régimen político posinvasión, el Estado panameño ha perpetuado un modelo de exclusión, despojo y represión, caracterizado por la captura de las instituciones por parte de élites político-empresariales y por la negación del sujeto político indígena. La “democracia” formal se sostiene sobre un piso desigual donde la represión y la discriminación se aplican con saña sobre quienes defienden territorios, derechos humanos, ríos, bosques y culturas.
Los datos recientes son contundentes:
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625+ detenciones arbitrarias en menos de cuatro meses de 2025, la mayoría de ellas en territorios indígenas, 99% sin causa penal formal.
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40+ casos documentados de tortura o tratos crueles: detenciones semidesnudos, gases en viviendas, golpes y negación de asistencia médica.
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30+ hogares indígenas gaseados directamente y 20+ familias desplazadas forzosamente en Bocas del Toro, Darién y la Comarca Ngäbe Buglé.
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Estados de emergencia y toques de queda impuestos sin consulta previa en provincias y comarcas enteras, violando el Art. 127 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT
El gobierno de José Raúl Mulino ha profundizado esta herencia. Rodeado de asesores y sectores con ideología racista y fascista, impulsa una agenda para destruir autonomías territoriales y abrir el camino a megaproyectos extractivos como la minería metálica, en beneficio de una oligarquía rentista y depredadora.
En los últimos meses, hemos visto:
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Operaciones policiales militarizadas (SENAFRONT, UCM) en comunidades indígenas sin consentimiento, con uso de armas y helicópteros para intimidar
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Criminalización de líderes y autoridades tradicionales mediante órdenes de aprehensión sin fundamento y campañas de estigmatización pública.
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Retención de salarios a docentes indígenas en huelga, combinada con cerco físico (corte de comunicaciones) y cerco jurídico (bloqueo de hábeas corpus) para neutralizar la protesta.
Aunque los pueblos indígenas han conquistado autonomías territoriales reconocidas por ley, estas se ven socavadas por un déficit presupuestario anual histórico y por la ausencia de planificación estratégica con datos y metas reales para garantizar derechos básicos como salud, educación, vivienda, acceso a agua y otros.
Cuando el presupuesto llega, lo hace distorsionado por la corrupción, capturado por redes clientelistas y desviado a intereses ajenos a los pueblos indígenas.
La crisis de derechos humanos contra los pueblos indígenas es el síntoma más grave de la enfermedad del Estado Panameño: un aparato capturado, incapaz de aplicar estándares internacionales de derechos humanos a su derecho interno.
La democratización del Estado exige:
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Incorporar el control preventivo de convencionalidad para que ninguna ley, presupuesto o política pública pueda violar tratados internacionales ratificados.
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Asegurar que el presupuesto nacional beneficie en igualdad a los pueblos indígenas y respete su derecho a consulta y consentimiento libre, previo e informado.
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Garantizar la desmilitarización de la seguridad interna y el respeto al derecho a la protesta.
Los pueblos originarios de Panamá han demostrado, desde Urracá hasta las luchas actuales en defensa de la tierra y el agua, que su resistencia es una defensa del patrimonio común de la nación. Sin su lucha, la minería, y otras actividades depredadora y las potencias extranjeras habrían arrasado aún más nuestros recursos estratégicos.
El intento de Mulino de imponer una nueva constitución de corte autoritario y fascista busca borrar derechos conquistados y consolidar un Estado sometido a intereses externos, rompiendo con el legado de líderes como Victoriano Lorenzo, quien dio su vida por la justicia social y la soberanía.
Desde la FeTEP, en este 9 de agosto, declaramos:
No habrá democracia real en Panamá mientras persista el despojo, la represión y la marginación de los pueblos indígenas.
Convocamos a todas las organizaciones sociales y sectores demócratas a forjar una unidad estratégica entre el pueblo panameño y los pueblos originarios, para derrotar el proyecto de la oligarquía depredadora y construir un Panamá verde, soberano, profundamente democrático y justo.
¡Por la dignidad indígena y popular!
¡Por un Panamá con justicia social y autodeterminación!
Coordinación Nacional
Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Panamá (FeTEP)
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