Contrato Panama Ports: Otra obra anti nacional de los gobiernos del Régimen Corrupto Pos invasión

La Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá (FETEP) denuncia ante el país el nefasto caso del contrato con Panamá Ports Company (PPC), que constituye uno de los símbolos más vergonzosos y dañinos de la captura del Estado panameño por intereses económicos privados, y evidencia la ausencia total de soberanía nacional sobre recursos estratégicos del país, que deben ser gestionados por el Estado.

En 1997, durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (PRD), se firmó un contrato de concesión con PPC, filial de la multinacional Hutchison Whampoa, de capital chino. Este acuerdo entregó la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal por 25 años, con renovación automática por otro periodo similar si se cumplían condiciones mínimas de inversión.

Este contrato, amarrado al futuro del país por gobiernos cobardes y serviles, marcó el inicio de un esquema de despojo institucionalizado.

Desde su firma, múltiples sectores han advertido sobre el carácter leonino del contrato, cuyo impacto negativo en las finanzas públicas es incuestionable:

Canon ridículamente bajo: PPC paga solo $10 millones anuales al Estado. Mientras tanto, la Autoridad del Canal de Panamá genera más de $2 mil millones anuales para el país.
Falta de fiscalización real: Nunca se realizó una auditoría independiente de las operaciones de PPC. La Contraloría General ha guardado silencio cómplice ante informes engavetados y el incumplimiento de obligaciones contractuales.
Renovación automática sin revisión ni auditoría: En 2021, durante el gobierno de Laurentino Cortizo (PRD), se consumó una traición más: se renovó automáticamente el contrato por 25 años adicionales, sin renegociar términos, sin fiscalización y sin transparencia.
Pérdidas multimillonarias para el Estado: Expertos estiman que el país ha dejado de percibir al menos $8,000 millones en casi tres décadas. Este dinero podría haber transformado sectores vitales como la educación, la salud y el desarrollo social.

TODOS LOS GOBIERNOS DEL RÉGIMEN CORRUPTO SON RESPONSABLES

Desde 1997, todos los gobiernos del periodo posinvasión han sido cómplices por acción u omisión:

Ernesto Pérez Balladares (1994–1999): firmó el contrato original en condiciones altamente desfavorables.
Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela (1999–2019): no tomaron medidas para auditar, revisar o renegociar el contrato.
Laurentino Cortizo (2019–2024): avaló la renovación automática en 2021, sin transparencia ni consulta ciudadana. Su gobierno cargará con la marca de esta claudicación.

Advertimos al pueblo panameño que, con el gran robo al Estado consumado con Panamá Ports, ahora saldrá el dictador José Raúl Mulino a decir que se necesita un nuevo contrato. Lo que en realidad pretende es abrir la puerta a nuevos negociados con la mafia financiera internacional, esta vez bajo el disfraz de inversión extranjera “responsable”, representada por los intereses de BlackRock y la mafia trumpista que viene a continuar el saqueo.

El caso de Panamá Ports resume perfectamente cómo los gobiernos del régimen corrupto pos invasión han entregado la soberanía nacional al mejor postor. Los trabajadores y trabajadoras de la educación no somos indiferentes a esta realidad. Nos sumamos al clamor de la ciudadanía consciente que exige: