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Idealmente la Descentralización del Estado es un proceso que busca promover el desarrollo sostenible e integral del país, mediante la delegación y el traslado de competencias administrativas, económicas, políticas y sociales del Órgano Ejecutivo a los municipios. El proceso de descentralización busca profundizar el espíritu de lo señalado en la Constitución Política de la República de Panamá, Título VIII, sobre el régimen municipal y provincial.
A finales del mayo de 2023 el diario La Prensa, bajo la firma de la periodista de investigación Sol Lauría, publicó un trabajo titulado Descentralización Paralela, en la que se revela el desvío de millones de dólares a gobiernos locales controlados por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y se exime a los diputados de responsabilidad(2). Entre muchos otras denuncias, hace unos meses también un representante de corregimiento del circuito electoral del diputado Arquesio Arias, de la Comarca Guna Yala, hizo una denuncia sobre el manejo dudoso de fondos locales por parte del diputado(3), quien no tiene competencias para ello.
En Panamá, la ley de descentralización se sancionó en 2009, pero se dejó de lado en el gobierno de Ricardo Martinelli, quien no controlaba la mayoría de los municipios del país y se retomó en 2015, por medio de la Ley 66.
Es posible que la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), que es el ente encargado de administrar los fondos y supervisar el proceso de descentralización, desviara más de $202 millones de dólares a juntas comunales, municipios y consejos provinciales, la mayoría controlados por el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), sin seguir los criterios establecidos por la ley.
Esto significa que la AND repartió discrecionalmente los recursos públicos entre sus aliados políticos, sin tomar en cuenta las necesidades reales de las comunidades, ni los planes de inversión aprobados por los consejos municipales. Además, no hizo pública la información sobre los pagos ni los proyectos ejecutados con esos fondos, violando así los principios de transparencia, publicidad y acceso a la información pública que rigen la ley de descentralización.
La investigación revela que la AND hizo 2,649 pagos a 466 juntas comunales, 64 municipios, dos asociaciones de alcaldes y cuatro consejos provinciales, entre 2019 y 2021. De esos pagos fueron aproximadamente el 70% fueron a juntas comunales del PRD.
La investigación también muestra que hubo una distribución desigual de los fondos entre las provincias y los distritos. Por ejemplo, Bocas del Toro fue la provincia que más dinero recibió ($28.9 millones), seguida por Colón ($27.6 millones) y Panamá ($26.8 millones).
La trama de corrupción de la descentralización paralela también involucra a otros actores políticos, como a la diputada Yanibel Ábrego, quien impulsó una reforma a la ley de descentralización para aumentar el monto asignado a las juntas comunales y reducir el control sobre el uso de los fondos. Asimismo, se señala al expresidente Ricardo Martinelli y su partido Cambio Democrático (CD), quienes apoyaron la reforma y se beneficiaron de algunos pagos a sus juntas comunales afines.
Sin la Democratización profunda del poder político y de los mecanismos de participación es imposible cimentar los procesos de Descentralización, porque sin la distribución del poder político, las acciones administrativas del Estado se transforman en actividades delictivas en función del aparato de control clientelar del partido de gobierno y estructuras corruptas como la Asamblea de Diputados.
El proceso de descentralización en Panamá se ha visto obstaculizado por la falta de desarrollo institucional sólido. Las instituciones encargadas de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana han sido débiles y vulnerables a la corrupción.
Los estallidos sociales por la crisis recurrente que vive el país son fruto de acciones de corrupción como la Descentralización Paralela. Panamá enfrenta profundas desigualdades socioeconómicas que se reflejan en el acceso desigual a los recursos y servicios. Estas desigualdades dificultan la implementación efectiva de la descentralización, ya que algunas regiones carecen de los recursos necesarios para asumir mayores responsabilidades y brindar servicios de calidad a sus ciudadanos.
El deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, que no reciben servicios públicos eficientes ni oportunidades para mejorar sus condiciones socioeconómicas.
El aumento de las desigualdades territoriales, que generan brechas entre las zonas urbanas y rurales, entre las provincias centrales y las comarcas indígenas, entre las regiones más desarrolladas y las más rezagadas.
Los fondos de la descentralización nunca llegaron a través de los municipios, a fortalecer las políticas públicas de mantenimiento de infraestructura. El fracaso del proceso de descentralización en Panamá es fruto de una régimen político corrupto que lo ha asimilado, para usarlo como una forma de distribuir millones de las arcas públicas a diputados para impulsar el status quo del poder político. Es parte de sus aparatos de operación como mafia, gracias a un tipo de marco constitucional heredera del militarismo, por ello, no son pocos los sectores sociales del país que urgen un Proceso Constituyente para una nueva Constitución hecha por la gente, que establezca una reforma profunda del sistema de descentralización del Estado en Panamá, que garantice una distribución equitativa y eficiente de los recursos y las competencias entre los distintos niveles de gobierno, que fortalezca las capacidades técnicas y administrativas de los municipios, que fomente la participación ciudadana activa e informada en la gestión local, y que promueva la transparencia y la rendición de cuentas vinculante en el uso de los fondos públicos. Solo así se podrá lograr un desarrollo sostenible e integral del país, con equidad, inclusión y democracia.
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