La Asamblea Juvenil es un programa organizado conjuntamente por la Asamblea Nacional, el Ministerio de Educación y el Tribunal Electoral. Familiares de una estudiante que participó en este programa denunciaron ante el Ministerio Público que la adolescente sufrió agresión sexual durante las actividades del programa.
Las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de las y los estudiantes durante el desarrollo de las actividades. En situaciones en las que se detecte una posible vulneración de sus derechos, es imperativo que estas instituciones actúen de manera coordinada.
Cuando el Ministerio Público recibe una denuncia de agresión sexual contra una niña, niño o adolescente que participó en una actividad del sistema educativo, o si alguna de las instituciones organizadoras recibe denuncias por sospechas de agresión sexual o cuestionamientos por parte de familiares relacionados con el itinerario de los estudiantes, se deben activar protocolos de investigación en todas las instituciones involucradas en la organización del programa. La falta de coordinación institucional pone de manifiesto la ineficacia de estas instituciones en la protección de los derechos de las y los estudiantes.
Las instituciones son ineficaces porque no existen mecanismos claros para la protección y la defensa de los derechos de la población estudiantil. No se promueve una cultura de denuncia, la comunicación entre instituciones carece de efectividad, y la contención y reparación de las víctimas no forman parte de las políticas del MEDUCA. El Estado Panameño no garantiza la vida e integridad de las y los estudiantes que son víctimas de agresión sexual en el sistema educativo.
La Federación de Trabajadores de la Educación ha propuesto expulsar a los depredadores sexuales del sistema educativo, lo cual es una medida necesaria para proteger a los menores. Sin embargo, la implementación de esta política no ha sido fácil debido a la resistencia de las diferentes administraciones de gobierno, especialmente la actual, gobernada por fundamentalistas religiosos.
Es necesario que se pongan en funcionamiento políticas públicas integrales que aborden de manera eficaz la problemática de los depredadores sexuales dentro del sistema educativo. Es importante resaltar que el sistema educativo no se limita únicamente a los centros educativos, sino que también abarca programas, proyectos y actividades que involucran a la población estudiantil.
Estas políticas públicas integrales que proponemos incluyen medidas como la capacitación de los docentes en temas de prevención de abuso sexual infantil, la implementación de protocolos de acción claros en caso de monitoreo y denuncia de abuso, y la creación de comités de protección infantil en cada escuela.
Además, es urgente fomentar y apoyar espacios estudiantiles para y por los estudiantes donde puedan construir redes de cuidados y defensa frente al abuso.
Es esencial llevar a cabo una investigación exhaustiva y justa para garantizar que se haga justicia. Las víctimas de abuso sexual infantil necesitan saber que serán escuchadas y protegidas, y que los depredadores sexuales no quedarán impunes.
Profesora Yadira Pino
Coordinación Nacional de FETEP
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