Hace más de un año, el pueblo panameño fue sacudido por una ola de movilizaciones sin precedentes en las últimas décadas. Lo que comenzó como una reacción legítima contra una reforma a la seguridad social impuesta desde la cúspide del poder, se transformó en una huelga de resistencia nacional que articuló el rechazo de trabajadores, estudiantes, pueblos originarios, sindicatos y organizaciones sociales contra un modelo de gobierno que ataca y destruye derechos como si fueran obstáculos administrativos.
Desde entonces, la lucha no ha cesado. Ha mutado, se ha profundizado y ha revelado, bajo la presión de las calles, la verdadera naturaleza de un régimen que no duda en sacrificar la Democracia para proteger los intereses de una élite empresarial y financiera rapaz. Desde de los trabajadores de la educación del sector público, de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá (FETEP), la huelga contra la ley 462 es el inicio de un movimiento de organización popular nacional,con conciencia en todos los niveles de la clase trabajadora, mejor articulado, contra un verdugo visible: los enemigos del sistema Democrático, de los Derechos Humanos y la justicia para todos y todas, que encarna las castas oligárquicas arropadas bajo el régimen político de la partidocracia presidencialista surgido tras la invasión de 1989, que busca consolidarse.
El 18 de marzo de 2025, el presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley 462, que reformó la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS). Fue aprobada por la Asamblea Nacional con 48 votos a favor y 23 en contra, en un proceso legislativo que ignoró el reclamo social y despreció el debate democrático. La normativa, presentada como una "solución" para salvar la sostenibilidad de la seguridad social, terminó por agravar la crisis que prometía resolver.
La Ley 462 eliminó el principio de solidaridad intergeneracional que sustentaba el subsistema exclusivo de beneficio definido (SEBD), conocido como sistema solidario, y lo reemplazó por un esquema de cuentas individuales de capitalización. Este cambio no es técnico: es político. Desmantela la lógica redistributiva de la seguridad social y abre la puerta a la privatización de los fondos de los asegurados, canalizando recursos públicos hacia bancos y administradoras privadas de pensiones controlada por los fondos buitres de la oligarquía financiera internacional(fondos buitres de wall street agentes financieros del Trumpismo). La ley estableció además una comisión tripartita que, dentro de seis años, podrá incrementar la edad de jubilación. En la práctica, elevó enmascaradamente los años de trabajo exigidos sin consulta previa ni consenso social.
Ante esta imposición, el 23 de abril de 2025, los trabajadores de la educación del sector público convocaron una huelga indefinida. Se sumaron sindicatos bananeros, obreros de la construcción, estudiantes, comunidades y pueblos indígenas. Durante meses alrededor de 30 mil educadores fueron privados de sus salarios. La huelga superó los 80 días de paralización, convirtiéndose en uno de los paros laborales más prolongados de la historia republicana reciente.
La respuesta del Estado no fue el diálogo. Fue la represión sistemática, planificada y escalonada. A partir del 14 de junio de 2025, el gobierno de Mulino desplegó la denominada Operación Omega, movilizando a más de 1.300 agentes de seguridad para reprimir las manifestaciones pacíficas. Se registraron detenciones sin orden judicial, allanamientos ilegales a residencias de dirigentes sindicales, uso indiscriminado de gases lacrimógenos, perdigones y disparos que causaron heridos graves. En la provincia de Bocas del Toro, el régimen llegó al extremo de decretar estado de urgencia, suspendiendo garantías constitucionales y derechos individuales en una región históricamente golpeada por la violencia estatal.
Más de 800 manifestantes enfrentaron cargos judiciales y más de mil fueron arrastrados ante jueces de paz en procesos que carecían de garantías mínimas. Se allanaron oficinas sindicales sin orden judicial. Se cerraron cuentas bancarias de organizaciones sindicales. Se criminalizó la protesta social, se estigmatizó a manifestantes como "terroristas" y "maleantes", y se utilizó el aparato judicial como herramienta de persecución política.
Los trabajadores de la educación del sector público fueron objeto de represalias económicas especialmente brutales. Según formularios aplicados por la FETEP, el 90% de los docentes encuestados reportó que no había cobrado sus salarios como represalia por ejercer el derecho a huelga. A partir de junio de 2025, otro registro de la FETEP reveló que el 89,8% de los encuestados sufrió una modificación ilegal de su estatus laboral, clasificados arbitrariamente como "licencia sin sueldo" sin procedimiento administrativo alguno. El Ministerio de Educación desconoció flagrantemente la ley educativa y el debido proceso.
En medio de esta resistencia heroica, una fracción de la dirigencia gremial optó por el camino de la rendición y prestarse al juego sucio del gobierno de Mulino. El 11 y 12 de julio de 2025, representantes de al menos 21 agrupaciones docentes firmaron con la ministra de Educación, Lucy Molinar, una denominada "Declaración de principios por la educación y el retorno a clases". El documento no garantizó el pago retroactivo de salarios retenidos, no detuvo los procesos de reemplazo de cientos de docentes —unos 700 casos en todo el país— y, lo más grave, sepultó el derecho a huelga como instrumento de presión legítima.
La ministra Lucy Molinar, quien ya había ocupado el mismo cargo entre 2009 y 2014 bajo el gobierno de Ricardo Martinelli —cuando José Raúl Mulino era ministro de Seguridad y reprimió con sangre las protestas obreras en Bocas del Toro—, repitió en su segunda gestión la misma dinámica de desprecio hacia los educadores. Desde marzo de 2025, sus declaraciones no fueron de diálogo, sino de amenaza. Negó reiteradamente la existencia del derecho a huelga, advirtió con reemplazos, y calificó de "terrorismo contra el país" la legítima protesta social.
En febrero de 2026, un audio filtrado de una reunión interna del Ministerio de Educación confirmó lo que las bases ya sabían: el asesor legal de Molinar, Jaime Castillo, admitió que "muchos de esos expedientes no existían, así que Recursos Humanos tuvo que preparar esos expedientes". Es decir, el Ministerio separó a docentes de sus cargos sin base legal alguna, y luego fabricó documentos para justificarlo. En enero de 2026, el Tribunal Superior revocó la suspensión ilegal de la docente Benilda González y ordenó su reintegro con pago de salarios caídos. La ministra Molinar, en el mismo audio filtrado, se negó a cumplir el fallo: "No es que el fallo dice que hay que restituirla y que hay que devolver los salarios caídos. Eso no es cierto". Cuando el Ejecutivo desobedece al Judicial, se produce una ruptura del principio de separación de poderes y de la supremacía constitucional.
Esos dirigentes gremiales que firmaron con Molinar perdieron legitimidad política y ética ante sus bases. Persisten en el control de gremios pese al desgaste total de su credibilidad. Firmaron documentos que debilitaron la lucha, validaron ilegalidades y dejaron en la indefensión a miles de trabajadores de la educación del sector público que habían resistido más de dos meses sin salario. Su conducta no fue pragmatismo: fue colaboración con un régimen que utiliza la educación como rehén de su agenda autoritaria.
El gobierno de José Raúl Mulino ha demostrado, en menos de dos años de gestión, un carácter autoritario, incapaz, corrupto y abiertamente entreguista a intereses externos y transnacionales. El mandatario accedió al poder luego de que Ricardo Martinelli fuera inhabilitado por condena por lavado de dinero, y desde el primer día asumió la tarea de consolidar una agenda que el poder judicial y el pueblo habían rechazado.
En materia de soberanía, el gobierno firmó en abril de 2025 un memorándum de entendimiento con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, permitiendo una mayor presencia militar estadounidense en territorio panameño en torno a la zona del Canal. Este acuerdo vulnera el Tratado Torrijos-Carter, que exige plebiscito para cualquier modificación, y contradice el artículo constitucional que prohíbe ejércitos extranjeros en suelo nacional. Se ha convertido en un gobierno de doble discurso: hacia afuera habla de democracia y alianzas por la libertad; hacia adentro reprime sistemáticamente al pueblo que lucha.
En lo económico, la obsesión de Mulino por reactivar la minería metálica lo ha llevado a incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023, que declaró inconstitucional el contrato de la mina de Cobre Panamá de la transnacional canadiense First Quantum Minerals. Pese al rechazo ciudadano masivo, pese a la sentencia judicial, el gobierno ha avanzado en la reapertura disfrazada de la mina: autorizó el procesamiento de 38 millones de toneladas de mineral estocado, aprobó el reinicio de unidades de la planta de energía, y anunció que para junio de 2026 definiría el futuro de la operación. Todo ello en coordinación con la empresa, que ha logrado retomar pagos de regalías y condicionar la agenda nacional. Panamá vive, una vez más, el retroceso democrático de un gobierno que entrega el patrimonio natural y la soberanía ambiental a capitales extranjeros.
En lo social, Panamá es hoy el país de Centroamérica con la tasa de desempleo más alta, mientras una élite empresarial evade sistemáticamente más de 8.000 millones de dólares al año en responsabilidades fiscales. El gobierno no toca a los grandes evasores, pero sí persigue a los sindicalistas, lideres indígenas como Toribio García, criminaliza la protesta y retiene salarios a docentes. Esa es su verdadera política fiscal y social.
El régimen de Mulino no se contenta con reprimir: busca reconfigurar el Estado para perpetuar su modelo de poder. En su informe a la Nación de enero de 2026, el presidente anunció la necesidad de impulsar una nueva Constitución mediante un "proceso constituyente originario". La advertencia es grave. En un contexto donde la disidencia es perseguida, donde los sindicatos son judicializados, donde la protesta social es reprimida con más de 1.300 agentes de seguridad, no puede existir constituyente democrática. Una constituyente controlada desde el Ejecutivo, sin apertura democrática real, sin libertad sindical y sin garantías de participación ciudadana, no es reforma: es consolidación de régimen.
Ya se han tomado medidas antinacionales, antipopulares y restrictivas de derechos. El Ministerio de Trabajo solicitó por primera vez en la historia del país la disolución del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), la organización sindical mayoritaria y más combativa del istmo. Se ha perseguido a líderes sindicales, se ha allanado sus domicilios, se les ha inventado expedientes judiciales. Todo ello reproduce, en el terreno panameño, patrones de gobierno de corte trumpista: el desprecio por las instituciones democráticas, la criminalización de la oposición social, la subordinación a intereses imperialistas y la retórica de "ley y orden" para encubrir la violación sistemática de derechos.
En el contexto de la memoria histórica de lucha del 1 de mayo, ante este escenario, la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá (FETEP) llamamos a cerrar filas por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Exigimos a la Asamblea Nacional de Diputados la aprobación de un Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos con carácter vinculante, que proteja a los trabajadores del sector público, a la niñez y a los sectores golpeados por la omisión sistemática del Estado.
Panamá es hoy un Estado donde reina la discrecionalidad en materia de derechos humanos. No existe un sistema nacional de protección con fuerza legal vinculante. Los tratados internacionales ratificados tienen rango constitucional en el papel, pero no se traducen en mecanismos internos efectivos. Los informes de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos documentan un "déficit institucional" que se traduce en impunidad para los funcionarios que violan derechos y en indefensión para quienes los ejercen. El Estado Panameño es una maquinaria de violación sistemática de Derechos Humanos.
La aprobación de este Sistema es urgente. Debe garantizar la protección integral de los trabajadores de la educación del sector público frente a represalias administrativas, retenciones salariales arbitrarias y modificaciones ilegales de estatus laboral. Debe proteger a los pueblos indígenas, a los dirigentes sociales, a los defensores ambientales y a todos los sectores que hoy arriesgan su libertad por alzar la voz.
A todos los demócratas del país, a los trabajadores, a los educadores, a los jóvenes, a las mujeres, a los pueblos originarios, a los sindicatos y a las organizaciones sociales: el momento es de unidad. No podemos permitir la consolidación del régimen de José Raúl Mulino. No podemos normalizar la represión, la entrega de la soberanía, la reapertura de la minería ilegal ni la constituyente controlada que pretende reescribir las reglas del juego a favor de una oligarquía rapaz.
Al fascismo se le combate con más derechos. No con silencio, no con resignación, no con acuerdos a espaldas de las bases. Se combate con organización, con protesta legítima, con memoria histórica y con la exigencia firme de que la Asamblea Nacional de Diputados apruebe, sin dilación, el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos. Que sea vinculante, que sea efectivo, que proteja a quienes el Estado ha decidido abandonar.
La huelga de resistencia del pueblo panameño cumple más de un año. Ha sido un año de dolor, de privaciones, de represión y también de dignidad. Los trabajadores de la educación del sector público no se han arrodillado. El pueblo no se ha rendido. Y no lo hará, la lucha continúa, la patria vencerá.
¡DEROGACIÓN A LA LEY 462!
¡NO A LA REAPERTURA DE COBRE PANAMÁ!
¡SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS YA!
¡AL FASCISMO SE LE COMBATE CON MÁS DERECHOS!
Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá (FETEP) y Sectores Democráticos
1 Mayo de 2026
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