Nosotros, la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Panamá (FETEP), alzamos la voz para alertar. En un país donde el calendario patriótico ha sido hábilmente vaciado de contenido por los mismos que dicen gobernarlo, el silencio no es una opción. El reciente 9 de enero de 2026 no fue una conmemoración; fue la constatación de un éxito macabro: el plan orquestado durante décadas para que Panamá olvide por qué es Panamá.
Mientras el gobierno de José Raúl Mulino y su ministra de educación, Lucy Molinar, reparten placas nuevas y lágrimas de cocodrilo, ejecutan con precisión colonial el manual del despojo. ¿Cómo se domestica a un pueblo? Primero, se le amputa la memoria. El traslado de las vacaciones para sepultar el 9 de enero en la playa y el shopping no fue un error logístico. Fue, como bien señala nuestra historia, una concesión deliberada a los intereses norteamericanos para apagar la chispa de la reflexión nacional. Hoy, las nuevas generaciones son víctimas de este apagón histórico, mientras los estudiantes, despojados de sus asociaciones federadas por la propia Molinar en su primer paso, son reducidos a espectadores pasivos de un país que se les escapa de las manos. Pero el proyecto no se detiene en el olvido. Avanza con la represión descarada. Lo vivimos en la carnicería de la huelga del 2025: casi 300 compañeros separados, perseguidos, criminalizados por ejercer un derecho fundamental. Lo lloramos en la niña Michelle Baker y en Roger Montezuma, asfixiados y asesinados por los gases y la brutalidad de un Estado que protege intereses mineros y pisotea ciudadanos. El mensaje es claro: quien proteste será aplastado. Ahora, ese mismo puño de hierro se envuelve en el pergamino de una “reforma educativa” que es una farsa punitiva. No nos confundan. Esta reforma a la Ley Orgánica de Educación no busca calidad; busca sumisión. Es el instrumento para legalizar las arbitrariedades cometidas: la retención ilegal de salarios, la persecución por huelga, la flexibilización salvaje de nuestra profesión. Es la puerta de entrada para estrangular los fondos de ayudas sociales como el Pase-U, convertirlos en “bonos charter” y entregar nuestra educación pública al mercantilismo privado. Colocan al frente del Ministerio a una periodista connotada por violar derechos humanos, experta en negociados y desprecio al debido proceso, para que dirima con mano dura lo que no puede resolver con pedagogía.
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