Dos niñas, de 5 y 8 años murieron arrastradas por la quebrada Pita —un afluente/arroyo crecido— mientras trataban de cruzarla después de salir de la escuela en la comunidad de Cascabel, distrito Mironó, Comarca Ngäbe-Buglé. El hecho fue reportado por los medios el lunes 27 de octubre de 2025.
En Panamá, la conjunción de infraestructura deficiente —ausencia de puentes y pasos seguros—, condiciones climáticas extremas y trayectos escolares que obligan a niños y jóvenes a cruzar ríos expone a la población estudiantil a un riesgo permanente de ahogamiento. Los registros oficiales y los reportes de instituciones de protección civil muestran que las muertes por inmersión continúan siendo un problema nacional, con focos de concentración en la Comarca Nobe-Buglé —donde los recorridos escolares a través de cursos de agua son habituales— y en provincias como Veraguas y Chiriquí.
En junio de 2017, dos docentes comarcales —Marta Sanjur y Tomás Camargo— fallecieron en un accidente en la ruta Gato–Ratón (Buena Vista de Ratón) cuando su vehículo fue arrastrado por un deslave. Tras el hallazgo de los cuerpos el 22 de junio, los maestros de la zona iniciaron una huelga el 26 de junio de 2017 para exigir mejoras laborales y en las condiciones de educabilidad, incluyendo el estado de las vías y de las escuelas. La paralización se prolongó por 72 días y afectó al menos a 43 centros educativos; los docentes reclamaban soluciones a problemas que, el lunes 28 de ocubre de 2025, provocaron la muerte de dos niñas más.
Een 2017 los educadores denunciaron condiciones extremas en la Comarca Nobe-Buglé y presentaron demandas concretas en las siguientes áreas:
Infraestructura escolar. Eliminación de las “aulas rancho” y construcción de instalaciones seguras: escuelas con paredes y techos adecuados, bibliotecas, laboratorios, agua potable y saneamiento. En 2017 las escuelas comarcales carecían de lo básico: muchas funcionaban en improvisadas casetas de madera o tarimas, sin electricidad ni servicios, y no contaban con planes de gestión de riesgos ni con atención sanitaria mínima para docentes y alumnos.
Transporte y vialidad. Pavimentación y mantenimiento urgente de caminos internos (por ejemplo, Gato–Ratón y Alto Chamí) y conastrucción de puentes que garanticen pasos seguros. Reclamaron además la restauración de rutas aéreas comarcales y traslados dignos; la suspensión del servicio aéreo —posterior a la huelga— exacerbó la sensación de abandono.
Justicia laboral. Nombramientos definitivos y estables en las escuelas, pago de compensaciones por labor en condiciones difíciles y garantías de que no habría represalias contra quienes participaron en la huelga. Los docentes exigieron el pago retroactivo de los diferenciales por condiciones difíciles acumulados durante años y rechazaron amenazas de descuentos salariales o expedientes disciplinarios por ausentismo.
Servicios básicos. Suministro regular de alimentación escolar adecuada, materiales didácticos, Internet y electricidad. Exigieron la construcción de cocinas y comedores escolares seguros y la entrega puntual y completa de las raciones alimenticias; en 2017 la ayuda alimentaria seguía siendo irregular. También demandaron agua potable y saneamiento en cada plantel, una necesidad urgente en centenares de escuelas rurales.
Lo ocurrido en 2017 puso en evidencia más que carencias materiales: mostró la persistencia de una política pública insuficiente y la fragilidad de las redes de protección para comunidades rurales e indígenas. Las muertes por inmersión y los accidentes viales no son incidentes aislados, sino síntomas de una deuda estructural del Estado con la seguridad y el derecho a la educación de sus poblaciones más vulnerables.
Han pasado ocho años, y los reclamos formulados entonces por docentes y comunidades educativas continúan vigentes. Que persistan las mismas demandas —infraestructura segura, transporte digno, condiciones laborales justas y servicios básicos— exige una reflexión crítica sobre las prioridades presupuestarias, la coordinación interinstitucional y la voluntad política para transformar la precariedad en garantía efectiva de derechos. Mientras este grave problema genera sufrimiento en los panameños, el gobierno de Mulino recorta millones en inversión social y entrega el presupuesto nacional a la voraz oligarquía rentista que le acompaña en su aventura autoritaria. El grave hecho de los niños muertos por la indiferencia institucional de no hacer puentes o sarzos en vías fluviales peligrosas, y gestion de riesgo muestra un total divorcio de la política educativa con la realidad o simplemente esta no existe.
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