La farsa de la auditoría: cómo el gobierno de Mulino blanquea la minería depredadora
En política ambiental no existen gestos neutros: cada decisión pública redistribuye poder, recursos y futuro. Cuando el Estado habla de “auditoría” y al mismo tiempo constriñe alcance, plazo y mandatos técnicos, no está haciendo ciencia: está montando un relato que sirva para legitimar lo que debía ser frenado. Eso es exactamente lo que ocurre con la auditoría sobre Cobre Panamá promovida por el gobierno de José Raúl Mulino: un procedimiento con apariencia de transparencia que, en los hechos, actúa como coartada para la reapertura de un proyecto que la ciudadanía y la justicia frenaron.
Una auditoría ambiental seria tiene dos obligaciones fundamentales: (1) diagnosticar la situación real, sin exclusiones ni recortes; y (2) entregar información suficiente para que el Estado defienda el interés público, incluso en escenarios jurídicos internacionales. Ninguna de esas obligaciones se cumple si, como ha ocurrido, cientos de compromisos ambientales y sociales son sistemáticamente excluidos del perímetro de evaluación. Es como auditar un hospital y omitir las patologías críticas: la conclusión estará sesgada desde el inicio. La decisión administrativa de mutilar compromisos técnicos —y luego proclamar neutralidad técnica— es una estrategia de encubrimiento, no de transparencia.
¿Por qué importa tanto esa mutilación? Porque entre los compromisos excluidos están precisamente los puntos nodales: estabilidad estructural de instalaciones, control de emisiones a aire y agua, y salvaguarda de derechos de comunidades e indígenas. Si se evita auditar estas áreas, se evita también documentar el riesgo real al Corredor Biológico Mesoamericano y a cuerpos hídricos estratégicos, como el lago Gatún, fuente esencial para la operación del Canal y para millones de panameños. Ocultar esos hallazgos no es un descuido técnico; es una decisión política con costos intergeneracionales.
El segundo rasgo de esta farsa es la prisa y la contratación “exprés”. Contratar una firma internacional con procedimientos “excepcionales”, plazos reducidos y montos que no se corresponden con la complejidad del sitio no produce rigor científico: produce un informe acotado que se presta a interpretación favorable a la empresa. Cuando el Estado se presenta ante un conflicto internacional sin la investigación exhaustiva que lo respalde, se debilita su posición —y se abre la puerta a acuerdos asimétricos donde el interés público queda subordinado a reclamos económicos. La historia reciente del conflicto con First Quantum demuestra que los arbitrajes y negociaciones internacionales han sido el escenario donde se discute más que la técnica: se discute la soberanía sobre recursos y la capacidad del Estado para proteger bienes comunes.
Detrás de esta operación técnica hay un mapa de intereses que no puede ser soslayado: redes empresariales que se lucran con contratos, vínculos familiares que cruzan las fronteras entre el poder público y la provisión de servicios, y actores geopolíticos interesados en minerales estratégicos. No es conspiración; es política económica: la decisión de priorizar flujos de capital por encima de la salud ambiental y social revela el diseño de un Estado capturado por clientelismos y rentas extractivas. En ese esquema, el recorte en educación y en servicios básicos no es accidente presupuestario, sino consecuencia lógica: se defiende lo que da renta inmediata y se sacrifica lo que garantiza futuro.
La gran hazaña ciudadana de 2023 —cuando el Pleno de la Corte Suprema declaró la concesión inconstitucional— no fue solo un triunfo jurídico; fue una afirmación política: la naturaleza tiene derechos y el territorio no es un botín. Ese antecedente no puede ser convertido en papel mojado por informes parciales ni por maniobras administrativas. La legitimidad de las instituciones se juega cuando actúan en defensa del interés general, no cuando instrumentan procesos para aparentar cumplimiento y facilitar la reactivación de megaproyectos con historial de impactos.
¿Qué exige la defensa del interés público frente a esta farsa? Primero, una auditoría con mandato público y técnico ampliado: que incluya todos los compromisos ambientales y sociales, acceso irrestricto a información y tiempos congruentes con la complejidad técnica del sitio. Segundo, participación efectiva de las comunidades afectadas y de la sociedad civil experta: la ciencia no es neutral si la define quien tiene conflicto de interés. Tercero, transparencia absoluta sobre contratos, proveedores y vínculos de funcionarios con empresas relacionadas al proyecto. Y cuarto, priorizar la protección de bienes comunes —agua, bosques, modos de vida— por encima de la lógica de renta privada. Estas no son demandas maximalistas; son requisitos mínimos de un Estado democrático que respete las sentencias y defienda el patrimonio colectivo.
La política pública no puede reducirse a un ejercicio de relaciones públicas: una auditoría no es nobleza si su objetivo es “dar el visto bueno”. Cuando el resultado está predeterminado por la selección del alcance, el plazo y los auditores, lo único que se obtiene es legitimación técnica para una decisión política que debería debatirse públicamente. La ciudadanía panameña —esa que ya ganó en las calles y en los tribunales— no puede aceptar que su victoria sea vaciada por una puesta en escena administrativa.
El dilema frente al que estamos no es trivial: o defendemos un modelo de desarrollo que protege la vida y las fuentes de trabajo futuras, o entregamos territorios y agua a la lógica del extractismo minero depredador. El gobierno de Mulino busca una vez más imponer con otro baño de sangre su mina y la de la pequeña casta de oligarcas rentistas que lo sostienen, corrupta, déspota, antidemocratica, la misma casta decadente descendiente de los que asesinaron a victoriano lorenzo, los de la república de los primos. Los que deberian estar en la cárcel por un contrato minero corrupto e inconstitucional pero siguen impunes, protegidos por Trumpistas como Mulino.
El futuro del país no es un expediente que se archive tras un informe complaciente. Es la suma de las decisiones que hoy tomamos para proteger lo que nos da vida. Si el Estado no cumple, será el pueblo, una vez más, quien exija con fuerza la democracia ambiental: auditorías completas, justicia para las comunidades, y la defensa irrenunciable del agua y los bosques frente a la minería depredadora.
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