Niños Panameños que nacen con metales pesados en su organismo

Los bebés que nacen con metales pesados en su organismo pueden experimentar una variedad de problemas de salud, incluyendo retraso en el desarrollo, problemas cognitivos y dificultades de aprendizaje. La exposición a metales pesados, como plomo y mercurio, entre otros, puede ocurrir durante el embarazo y la infancia temprana, y puede tener efectos adversos en el desarrollo cerebral y el sistema nervioso.

El reciente hallazgo de metales pesados en el organismo de infantes en la región de Azuero, evidenciado por científicos panameños, constituye una grave alarma sanitaria y ambiental que pone en evidencia los profundos déficits estructurales del Estado panameño en la gestión sustentable del territorio. Este caso no es un hecho aislado, sino un síntoma de una crisis sistémica más amplia: la ausencia de una planificación estratégica e integral de políticas públicas, basada en datos estadísticos, criterios científicos, estándares de Derechos Humanos y principios de justicia socioambiental.

No en vano las grandes empresas mineras y demás extractivas persiguen y criminalizan al ecologismo. Desde una perspectiva científica los territorios no son simples espacios físicos a ser explotados, sino escenarios vivos donde confluyen relaciones de poder, derechos humanos, culturas locales y procesos ecológicos esenciales para la vida. En este marco, la planificación sustentable del territorio debe entenderse como una política pública fundamental que articula el uso del espacio geográfico de manera armónica entre las necesidades humanas, el desarrollo económico y la conservación ambiental. Esta planificación debe regirse por criterios de integralidad, participación democrática, justicia intergeneracional y resiliencia climática.

Sin embargo, en Panamá, la gestión del Estado carece de una visión territorial integral. El Estado ha operado históricamente bajo una lógica fragmentada, clientelista y rentista, donde las decisiones sobre el uso del territorio responden más a intereses económicos que al bienestar colectivo. El modelo de desarrollo impuesto ha privilegiado proyectos extractivistas (minería, agroindustria intensiva, urbanismo descontrolado), sin considerar la vocación del suelo, la capacidad de carga de los ecosistemas o el respeto por las poblaciones locales.

La calidad de vida sustentable —entendida como el acceso justo a bienes comunes como el agua potable, la salud, la educación pública, un ambiente sano y una vivienda digna— depende directamente de la relación equilibrada entre la organización del hábitat humano y la disponibilidad de recursos naturales. En este sentido, la ausencia de planificación pública territorial y la debilidad institucional han generado múltiples conflictos socioambientales, que se expresan hoy en la contaminación del agua, la deforestación, la expansión descontrolada de zonas urbanas, y el deterioro de la educación y la salud pública.

La respuesta del Estado frente a las legítimas demandas ciudadanas por estos derechos ha sido mayoritariamente represiva. Según la Coordinación Nacional de Derechos Humanos, actualmente existen en Panamá al menos 38 patrones de violación sistemática a los derechos humanos. Esta situación revela un patrón de gobernabilidad autoritaria, donde se criminaliza la protesta social y se anulan las vías institucionales de participación ciudadana efectiva y el ciudadano reclamente es visto como un enemigo como objetivo a aniquilar por parte del Estado. La gestión de gobierno de José Raúl Mulino, expresa, como los anteriores gobiernos del Régimen político pos invasión, ese enfoque retrógrado contra la vida, civilización y la Democracia.

Cabe destacar que, pese a que el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 28 de noviembre de 2023, que declaró inconstitucional el contrato minero con Minera Panamá, invocó y creo doctrina legal del principio de los derechos de la naturaleza —una noción jurídica y ética que reconoce a los ecosistemas como sujetos de derecho y pilares de la vida humana—, el Estado panameño no ha incorporado esta perspectiva de manera vinculante en sus políticas públicas, por el contrario el régimen político actual tiene el objetivo contrario. 

El reconocimiento legal no ha trascendido al plano institucional y operativo. Al contrario, continúa prevaleciendo una gestión del territorio orientada por el endeudamiento externo, el clientelismo político y el pago de planillas estatales con baja productividad y sin enfoque de derechos.

El resultado es un Estado capturado por élites que utilizan los recursos públicos como botín para acumular ganancias usando el erario público, mientras desarticulan cualquier intento de construcción de un aparato estatal con capacidad real de planificar y regular el uso del territorio. Esta lógica reproduce condiciones de desigualdad territorial, degradación ecológica y exclusión social, que colocan a Panamá en una situación de alta vulnerabilidad socioambiental como componente del modelo de desigualdad socioeconomica reinante.

La Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, ve urgente y reclama al Estado panameño la planificación sustentable del territorio, la cual se apoya en los siguientes principios rectores:

1. Ordenamiento territorial sustentable: Distribuir de forma racional las actividades humanas (vivienda, agricultura, industria, conservación) en función de la vocación del suelo, la capacidad ecológica y criterios de equidad social.

2. Participación ciudadana vinculante: Incorporar de manera efectiva y con poder decisorio a las comunidades locales, pueblos indígenas, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones.

3. Protección ambiental integral: Adoptar políticas preventivas y restaurativas que garanticen la preservación de los ecosistemas frente a actividades humanas mal planificadas o depredadoras.

4. Equidad social y territorial: Corregir los desequilibrios históricos que marginan a ciertas regiones o grupos sociales, garantizando acceso equitativo a servicios públicos, infraestructura básica y oportunidades económicas.

5. Resiliencia climática: Integrar de forma transversal la adaptación al cambio climático en la planificación del uso del suelo, incluyendo la gestión de riesgos como inundaciones, sequías o deslizamientos.

6. Aplicación de estándares de derechos humanos: Establecer mecanismos de control preventivo y correctivo para garantizar que todas las políticas públicas respeten, protejan y promuevan los derechos humanos, tanto individuales como colectivos.

Los problemas socioambientales como los registrados en Azuero, y que son parecidos a nivel nacional, lejos de ser meras anomalías técnicas, deben ser leídos como el resultado de un modelo de gestión territorial que ha despojado a la ciudadanía del derecho a un desarrollo justo, democrático y sostenible. Superar esta situación requiere una transformación profunda del Estado panameño, con una visión estratégica de largo plazo, anclada en la justicia ecológica, la democracia participativa y la soberanía territorial.