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Este Fondo de Retiro Especial –aprobado mediante el Acuerdo No. 407 de julio de 2024 y activado desde el 1 de enero de 2025– otorga a magistrados de la CSJ el 100% de su último salario de por vida, sin importar si cumplen con los requisitos que exige la Caja de Seguro Social (CSS) a cualquier trabajador o trabajadora. Los magistrados de tribunales y jueces de distintos niveles reciben porcentajes adicionales a sus pensiones ordinarias, todo cargado al erario nacional y aprobado a espaldas del debate legislativo y ciudadano.
Este es un acto de auto-beneficio ilegítimo, en el que los beneficiarios son, a la vez, los que redactan, aprueban y se lucran de la norma, incurriendo en un evidente conflicto de intereses. La publicación tardía del acuerdo, casi ocho meses después de entrar en vigor, revela además un grave déficit de transparencia.
Hipocresía y doble rasero
Si la Ley 462 de reforma a la CSS se presentó por el gobierno y sus aliados como la “única” y “mejor” opción para salvar el sistema de pensiones, ¿cómo se explica que los altos mandos de la Policía —y ahora los magistrados de la Corte— se aseguren jubilaciones mediante mecanismos especiales, blindados y sin cumplir los requisitos que exige el resto de la ciudadanía?
El régimen politico corrupto nacido tras la invasión de 1989 ha dirigido duros golpes contra los derechos de clase trabajadora y dado privilegios a altos funcionarios que reproducen la corrupción y procuran la impunidad de los corruptos. Recordemos que la profesión docente, con un perfil de salud ocupacional de alto riesgo, se le eliminó las jubilaciones especiales mediante la Ley N.º 8 de 1997.
En FeTEP afirmamos: Todos y todas tenemos derecho a una pensión digna, pero sin privilegios, sin fueros y sin violar la igualdad ante la ley.
Usurpación de funciones y quiebre institucional
La CSJ ha usurpado funciones propias del Órgano Legislativo, imponiendo políticas de impacto nacional sin discusión democrática, práctica que se ha convertido en habitual. Este comportamiento refuerza el carácter depredador, autoritario y anti-democrático del Estado panameño, que ya denunciamos bajo el gobierno de José Raúl Mulino, un régimen que viola sistemáticamente derechos humanos y reprime a la población.
El argumento de que este aumento y estas jubilaciones especiales “fortalecen la independencia judicial” es falso. Lo que fortalecen es un muro de impunidad que separa a las élites del pueblo trabajador, mientras el salario mínimo en Panamá no llega a los 700 dólares y la deuda pública supera los 46 mil millones.
A la Asamblea de Diputados, le exigimos que es hora de ponerle fin a los abusos de la Corte Suprema en materia de fueros y privilegios, como el reciente aumento salarial irracional e igualmente establecer claramente el régimen pensional de estos altos funcionarios del órgano judicial.
Llamado a la acción nacional
La FeTEP llama a todo el pueblo panameño, organizaciones sociales, sindicatos y movimientos populares a mantenerse alertas y listos para acciones nacionales de protesta. No podemos permitir que estas prácticas se institucionalicen como costumbre: son un golpe al Estado de Derecho y una bofetada al sacrificio diario de la clase trabajadora.
Si no frenamos hoy estos privilegios, mañana serán aún más agresivos contra nuestros derechos y nuestros recursos.
¡No más fueros, no más privilegios, no más corrupción !
¡Por un sistema de pensiones único, solidario y sin privilegios para nadie!
Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Panamá (FeTEP)
Ciudad de Panamá, agosto de 2025
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