Ante el otorgamiento irregular de asilo político a Ricardo Martinelli por parte del presidente Gustavo Petro

COMUNICADO OFICIAL

Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá (FETEP)
Ante el otorgamiento irregular de asilo político a Ricardo Martinelli por parte del presidente Gustavo Petro de Colombia

Panamá, 12 de mayo de 2025

La Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá (FETEP), como organización representativa del sector educativo y defensora de los valores democráticos, la justicia y los derechos humanos, expresa su más firme rechazo y profunda preocupación ante la decisión del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, de conceder asilo político al expresidente panameño Ricardo Martinelli, actualmente condenado por la Corte Suprema de Justicia de Panamá a más de 10 años de prisión por delitos comunes de corrupción (blanqueo de capitales), en sentencia firme y ejecutoriada.

1. El asilo no puede otorgarse a personas condenadas por delitos comunes

Recordamos que el artículo 1 del Convenio sobre Asilo Territorial de Caracas (1954) —instrumento vinculante para Panamá y Colombia— establece que “no es lícito conceder asilo a personas que, al tiempo de solicitarlo, se encuentren procesadas o condenadas por tribunales ordinarios competentes por delitos comunes”. Martinelli no es un perseguido político, sino un condenado penalmente por actos de corrupción durante su mandato, que afectaron gravemente las finanzas del Estado y vulneraron los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Asimismo, la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita por ambos países, obliga a los Estados a cooperar judicialmente y no ofrecer refugio a quienes hayan sido condenados por actos de corrupción. Concederle asilo a Martinelli viola este compromiso internacional.

2. El precedente de María del Pilar Hurtado

En 2014, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el asilo territorial concedido por Colombia a María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, quien también alegaba persecución política mientras enfrentaba acusaciones por delitos comunes. El fallo panameño sentó un precedente jurídico sólido: el asilo no puede servir de manto de impunidad para delincuentes comunes ni de refugio para evadir la justicia.

Este caso actual replica el mismo patrón, pero con mayor gravedad: se otorga asilo a un expresidente que ya ha sido condenado y que enfrenta múltiples procesos penales adicionales en Panamá.

3. INTERPOL y el principio de cooperación judicial internacional

Recordamos que Ricardo Martinelli ha sido objeto de alertas rojas de INTERPOL en el pasado y que el principio de cooperación judicial internacional implica la obligación de los Estados miembros de no obstaculizar la acción de la justicia penal cuando existe sentencia firme. Colombia, al ofrecer asilo y protección a Martinelli, contraviene este principio, comprometiendo la integridad del sistema de justicia regional.

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4. Una traición al espíritu democrático y progresista

La decisión del presidente Petro constituye una contradicción con los principios de su gobierno. Otorgar asilo a un condenado por corrupción es una afrenta a las víctimas del régimen autoritario de Martinelli, entre ellas educadores, sindicalistas, activistas, periodistas y ciudadanos que sufrieron persecución, espionaje, represión y criminalización durante su mandato.

La profesora Yadira Pino, coordinadora nacional de FETEP y víctima directa del aparato de hostigamiento impulsado por Martinelli, representa a miles de panameños y panameñas que hoy ven con indignación cómo la impunidad se fortalece con decisiones que pisotean el derecho internacional y la memoria de las víctimas.

FETEP exige:

Que el Estado Panameño active con urgencia los mecanismos diplomáticos y judiciales pertinentes para solicitar la extradición de Ricardo Martinelli, conforme a los tratados bilaterales e internacionales vigentes.
Que el Gobierno de Colombia revise esta decisión a la luz del Derecho Internacional Público, los tratados suscritos y su obligación moral con la justicia regional.
Que se garantice el derecho del pueblo panameño a la verdad, la justicia y la reparación, sin interferencias ni complicidades externas.