Abuso sexual infantil en las escuelas de Panamá

Abuso Sexual Infantil en escuelas: Un problema urgente en Panamá

El abuso sexual infantil (ASI) es una de las problemáticas más alarmantes y devastadoras que enfrentan nuestras sociedades, y las escuelas, lugares donde los niños deberían sentirse seguros, no están exentas de este flagelo. En Panamá, el ASI en instituciones educativas ha salido a la luz como un grave problema, con cifras inquietantes y casos documentados de abusadores dentro del sistema escolar.

Definición y características del ASI en entornos escolares

El ASI involucra cualquier tipo de actividad sexual realizada en una dinámica de abuso de poder contra una persona menor de edad, que puede incluir tanto actos físicos (como tocamientos y penetración) como no físicos (como exposición a material pornográfico o coacción para presenciar actos sexuales etc,.). Las víctimas de estos abusos, tanto niñas como niños, suelen padecer secuelas graves y duraderas, que abarcan desde trastornos de estrés postraumático, depresión, ansiedad, hasta dificultades en sus relaciones interpersonales y psicosexuales durante la adultez.

El abuso en las escuelas de Panamá

Lamentablemente, los centros educativos no son inmunes a estos delitos. En Panamá, el abuso sexual en escuelas ha sido documentado con casos preocupantes de docentes involucrados. 

Según datos oficiales un 35% de las denuncias de violaciones y otros delitos sexuales son en perjuicio de menores. Según las estadísticas del Ministerio Público (MP), el número de denuncias interpuestas por abuso sexual a personas menores de edad aumentó un 12%. En los primeros 60 días del año se produjeron 331 denuncias, 39 casos más que el año pasado durante el mismo periodo. 

El 91% de las víctimas de violencia sexual menores de 18 años son niñas y adolescentes mujeres. Las tasas más altas de violencia sexual contra niñas se registran en áreas como Bocas del Toro y Darién.

El peso de la crisis sobre el sistema de salud pública y los vacíos institucionales

Los graves problemas de salud que provoca el ASI a las víctimas genera aun enorme y complejo peso sobre el precario sistema de salud pública, con sólo hablar de los problemas de salud afines a trastornos psiquiátricos y psicológicos. Los efectos de este tipo de abuso pueden durar toda la vida, manifestándose en comportamientos como la dificultad para regular las emociones, el riesgo de desarrollar adicciones o la propensión a involucrarse en relaciones disfuncionales y abusivas. Durante toda su vida las victimas de ASI requieren diferentes servicios especializados, sin embargo, en la ausencia de programas de salud y prevención del ASI apenas toma unos cuantos miles de dólares en el presupuesto nacional e institucionalmente carece de marco de respeto integral a los derechos de las personas menores de edad (PME). 

Los vacíos jurídicos en la protección de la niñez y adolescencia se han cobrado vidas de esta población en condiciones violentas y peor aún, bajo la tutela del Estado. En septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá emitió un fallo histórico contra la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno, responsabilizándolos por la muerte de cinco adolescentes que fallecieron en el Centro de Cumplimiento de Menores en Tocumen en 2011. La tragedia ocurrió cuando miembros de la Policía Nacional lanzaron latas de gas lacrimógeno dentro de las celdas mientras los jóvenes protestaban por mejores condiciones de detención, hecho que desató el incendio que provocó la muerte de los muchachos. 

Este suceso causó conmoción en el país y llevó a la condena de siete policías y un custodio.

Dicha sentencia no solo condena a la Policía a pagar 75,000 dólares a las madres de las víctimas en concepto de daño moral, sino que también incluye medidas simbólicas y preventivas. Entre ellas, la Policía deberá ofrecer disculpas públicas y registrar esta decisión en la memoria histórica de sus actos judiciales, con el fin de reivindicar los derechos humanos vulnerados. Además, se ordenó implementar programas de formación para prevenir la repetición de estos trágicos eventos.

El fallo subraya la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos, recordando a las instituciones de seguridad su deber de velar por la vida y bienestar de la población, sobre todo de las personas menores de edad en situaciones de vulnerabilidad.

Propuestas de la Federación de Trabajadores de la Educación

Frente a esta realidad, la FETEP ha propuesto una solución contundente: remover del sistema educativo a todos los docentes que hayan sido condenados por delitos de abuso sexual infantil así como desarrollar y aplicar protocolos integrales de prevención del abuso a personas menores de edad en entornos escolares. Esta postura se basa en la evidencia de que el abuso sexual infantil no es un acto aislado, sino que implica toda una red de permisividad y cultura de normalización del abuso que acompañan lo que en muchos casos sería resultado de una patología o trauma no tratado del abusador. 

La presencia de estos individuos en espacios donde conviven personas menores de edad potencia la vulneración de sus derechos humanos. 

Inacción de las autoridades y conflictos de interés

A pesar de la claridad de nuestra propuesta, la respuesta por parte de las autoridades educativas ante la problemática planteada ha sido insuficiente. Durante los últimos años, diferentes ministros de Educación han ignorado esta recomendación, lo que ha generado críticas por parte de grupos de defensa de derechos de las PME y la sociedad civil. Existen diversos factores que explican esta inacción:

1. Conflictos de interés: En algunos casos, los abusadores tienen nexos con políticos de partidos o ministros, o tienen lazos cercanos con gremios corruptos de educadores que presionan para proteger a sus miembros en la comisión de delitos, independientemente de las acusaciones que puedan enfrentar. Este conflicto de intereses pone en tela de juicio la capacidad de las autoridades para actuar con imparcialidad y priorizar el bienestar de la niñez y adolescencia, en la medida también de la existencia de un marco jurídico débil que facilita el abuso.

2. Falta de voluntad política: Implementar una política de remoción de abusadores condenados requiere reformas estructurales dentro del sistema educativo, que muchos gobiernos evitan debido a la complejidad administrativa y la resistencia de sectores cómplices a quienes podrían enfrentar.

3. Estigma y cultura del silencio: En muchas comunidades, el abuso sexual sigue siendo un tema tabú, lo que favorece el encubrimiento y la protección de los abusadores. La falta de una denuncia generalizada y la presión de ciertos sectores dificulta la implementación de políticas más estrictas.

Desigualdad y sus Efectos en la Vulnerabilidad Infantil

El ASI en las escuelas de Panamá no solo es un problema urgente, sino que refleja las profundas desigualdades que afectan a los sectores más vulnerables del país. Panamá es un país con grandes disparidades socioeconómicas y territoriales que facilitan la normalización de la violencia sexual contra las PME. Aunque el país ha experimentado un crecimiento económico en las últimas décadas, los beneficios de dicho crecimiento no se han distribuido equitativamente. Según datos del Banco Mundial, el índice Gini de Panamá, que mide la desigualdad de ingresos, fue de 49.8 en 2022, lo que posiciona al país como uno de los más desiguales en América Latina.

La desigualdad en Panamá se manifiesta en múltiples áreas: educación, acceso a servicios básicos, salud y seguridad. Esta brecha es más visible en áreas rurales y comarcas indígenas, como Darién y Bocas del Toro, donde las tasas de violencia sexual infantil son alarmantes. El 91% de las víctimas de violencia sexual en Panamá son niñas y adolescentes, y las zonas rurales con menor acceso a recursos educativos y a instituciones de apoyo se ven más afectadas.

En las regiones más empobrecidas, la falta de infraestructura escolar adecuada y la escasez de programas de prevención y educación sexual agravan el problema del ASI.

Tal como lo plantea el reciente fallo de la corte sobre caso de los asesinatos de los jóvenes del centro de cumplimiento, el Estado tiene el deber irrenunciable, como acto de justicia social y Estado de Derecho, proteger a los menores, y la inacción solo perpetúa el ciclo de violencia.

 Es momento de que Panamá adopte una política de protección a la niñez y adolescencia basado en la prevención y la justicia. Las cifras son alarmantes, pero con la implementación de políticas estrictas y la eliminación de los abusadores del sistema educativo, es posible marcar una diferencia real y asegurar que los centros escolares sean lugares de formación y no de trauma para los niños y niñas de nuestra sociedad. 

El ASI en las escuelas no es un problema que pueda resolverse con respuestas tímidas o a medias. La niñez tiene derecho a recibir una educación en un entorno seguro, y las instituciones deben hacer todo lo posible para garantizar ese derecho. Es fundamental que las autoridades educativas, en conjunto con los actores sociales y los gremios docentes, prioricen las medidas de protección, implementen reformas necesarias y actúen de forma transparente.