Frente a los recientes hechos que involucran a personas que ejercen la Profesión Docente en casos de abuso sexual, la Federación de Trabajadores/as de la Educación de Panamá, FETEP, quiere reiterar su posición oficial que consideramos dentro del principio de la protección a los Derechos de las personas menores de edad.
La Educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y progreso de una sociedad. Es en la escuela donde se forman los futuros ciudadanos / as, líderes/liderezas y profesionales del país. Por ello, la protección de los niños y niñas dentro del sistema educativo es de vital importancia. Para nosotros la escuela ha de ser un espacio de desarrollo de capacidades de socialización y no de adquisición de traumas. Lamentablemente, en Panamá, se han denunciado casos de depredadores sexuales dentro del sistema educativo, lo que pone en peligro la integridad y seguridad de los menores.
La presencia de depredadores sexuales dentro del sistema educativo no es un tema nuevo en Panamá, y ha sido denunciado por organizaciones y padres de familia desde hace varios años. Estos depredadores/as son personas que aprovechan su posición de poder dentro de la escuela para acosar, abusar o agredir sexualmente a los niños y niñas que están bajo su cuidado.
La Federación de Trabajadores de la Educación ha propuesto sacar a los depredadores sexuales del sistema educativo, lo cual es una medida necesaria para proteger a los menores. Sin embargo, la implementación de esta política no ha sido fácil debido a la resistencia de las diferentes administraciones de gobierno, especialmente la actual, gobernada por fundamentalistas religiosos.
La nula capacidad institucional del Ministerio de Educación y la falta de voluntad política para abordar de manera integral la protección de los menores en el sistema educativo es preocupante. La protección de los derechos de los niños y niñas debería ser una prioridad absoluta para cualquier gobierno. Sin embargo, la postura de la actual administración en Panamá, es preocupante, ya que parecen más interesados en defender una agenda de conflictos de intereses que en proteger a los menores de edad en el sistema Educativo.
Es necesario que se pongan en funcionamiento políticas públicas integrales que aborden de manera eficaz la problemática de los depredadores sexuales dentro del sistema educativo. Esto incluye medidas como la capacitación de los docentes en temas de prevención de abuso sexual infantil, la implementación de protocolos de acción claros en caso de monitoreo y denuncia de abuso, y la creación de comités de protección infantil en cada escuela.
Además, es fundamental que se promueva una cultura de denuncia y se establezcan medidas para garantizar que las denuncias sean investigadas de manera eficaz y justa. Las víctimas de abuso sexual infantil necesitan saber que serán escuchadas y protegidas, y que los depredadores sexuales no quedarán impunes.
La presencia de depredadores sexuales dentro del sistema educativo en Panamá es una situación preocupante que pone en riesgo la integridad y seguridad de los niños y niñas. La protección de los menores debería ser una prioridad absoluta para cualquier gobierno, y la falta de voluntad política para abordar de manera integral esta problemática es preocupante. Es necesario implementar políticas públicas efectivas y promover una cultura de denuncia para proteger a los menores y garantizar su seguridad dentro del sistema educativo.
La Federación de Trabajadores de la Educación ha propuesto sacar a los depredadores sexuales del sistema educativo como una medida necesaria para proteger a los menores. Sin embargo, esto no es suficiente para garantizar la seguridad de los niños y niñas en el sistema educativo.
Es necesario que se implemente una política pública integral que incluya medidas para prevenir y detectar el abuso sexual infantil en las escuelas. Esto incluye la capacitación de los docentes en temas de prevención, la implementación de protocolos de acción claros en caso de denuncia de abuso y la creación de comités de protección infantil en cada escuela.
Además, es importante que se refuercen los mecanismos técnicos para prevenir y detectar el abuso sexual infantil en las escuelas. Esto puede incluir la instalación de cámaras de seguridad en áreas críticas de la escuela, el uso de software especializado para detectar patrones de comportamiento inapropiado.
Por otro lado, es necesario establecer medidas claras para asegurar que los depredadores sexuales no puedan acceder a la docencia de niños y niñas. Esto podría incluir la creación de un registro de delincuentes sexuales y su acceso a la docencia, así como la realización de verificaciones exhaustivas de antecedentes a los candidatos a docentes.
Es importante destacar que la protección de los derechos de los niños y niñas debe ser una prioridad absoluta en un sistema Democrático. El principio de prevención de la violencia contra el menor debe ser el punto de partida para cualquier política pública que busque garantizar la seguridad de los menores dentro del sistema educativo, atendiendo también a que la violencia tiene una diversidad de procedencias, tal cual señala el marco doctrinal de los convenios internacionales ratificados por el Estado Panameño.
En conclusión, sacar a los depredadores sexuales del sistema educativo del contacto con personas menores es una medida necesaria, pero no suficiente para garantizar la seguridad de los niños y niñas. Se requiere una política pública integral que incluya medidas para prevenir y detectar el abuso sexual infantil en las escuelas, así como para asegurar que los depredadores sexuales no puedan acceder a la docencia de niños y niñas. La protección de los derechos de los niños y niñas debe ser una prioridad absoluta para cualquier gobierno, y el principio de prevención de la violencia contra el menor debe ser el punto de partida para cualquier política pública que busque garantizar la seguridad de los menores dentro del sistema educativo.
Los gabinetes sicopedagógicos son herramientas científicas fundamentales para conocer las condiciones de la violencia contra los estudiantes en un plantel, que también puede tener raíces en el hogar, sin embargo, su implementación es altamente deficiente en la red escolar nacional.
Aunque el problema de una política pública integral en la materia es un tema de otorgar mayor presupuesto a la atención del problema, es prioritario diseñar esa política pública, aún inexistente.
Desde la FETEP invitamos a la sociedad panameña a unir esfuerzos para reforzar las instituciones del Estado Panameño en función de una verdadera política pública contra el abuso y violencia hacia las personas menores de edad.
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