La situación laboral de los compañeros docentes de Piedra Roja, Comarca Ngabe Buglé, y de otras regiones de Difícil Condición Laboral del País, empeoraron durante la gestión Varela, producto de la omisión de funciones de los altos funcionarios del MEDUCA, la poca capacidad de diálogo y la nula existencia de políticas públicas en Educación. El reto que tiene el nuevo gobierno es enorme: superar las condiciones que permiten la agudización de la pésima situación laboral y pedagógica en el sector educación que sufre nuestros docentes, estudiantes y comunidades educativas, y son una fuente sostenible de empobrecimiento, destrucción del tejido productivo y social del país.
Los servicios sociales que hacen parte del conjunto de políticas públicas para la satisfacción de las necesidades educativas se construyen desde abajo hacia arriba, en la consulta in situ, a través de la planificación y ejecución de las políticas públicas de forma científica y pertinente, contextualizada a cada realidad particular de las regiones del istmo. Los datos dicen que nada de esto practicó la gestión del presidente Varela: en su organigrama el MEDUCA se organizó para trabajar una demanda de 100 mil estudiantes; pero hay 850 mil entre escuelas oficiales y particulares. Durante el año 2018 una matrícula de 827,583 estudiantes entraron a los centros escolares del país, pero 36,383 reprobaron; unos 54,572 asistieron a procesos de rehabilitación y 13,838 desertaron del sistema escolar. El sector más golpeado por las deserciones lo sufrió el nivel de premedia: 6,428 estudiantes abandonaron los estudios. Además, 3,757 estudiantes no completaron el nivel primario y 3,653 no concluyeron sus estudios de educación media. A esta data socioeducativa es necesario sumarle las variables cualitativas del caos del sistema, los niveles de violencia estructural contra los estudiantes y docentes. Desde hacen 20 años el MEDUCA ha primado una lógica de transformar las escuelas del país en cárceles encerradas en actitudes represivas contra los jóvenes y docentes, como un infructuoso mecanismo para combatir la violencia social que vive el país producto del empobrecimiento del tejido social del istmo, dejando atrás buenas prácticas de décadas anteriores que venían encaminadas hacia la prevención y educación para la civilidad y los derechos humanos de forma transversal en las prácticas escolares, todo ello, como señalaba hacen unos meses el pedagogo Everegisto Urriola, producto de la ausencia de modelos pedagógicos propios, diseñados a partir de las realidades humanas y naturales del país. Este atraso epistemológico se refleja, según señala el experto, en la ausencia de un modelo de formación inicial del docente, que se refleja en el miedo de las altas autoridades educativas del país a la transformación de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemana en una Universidad Pedagógica para fortalecer la institucionalización de una politica pedagógica propia en la formación docente. Sigue reinando una fragmentación en la formación docente del país, que dista de las necesidades reales del sistema educativo. Es lógico que con semejante escenario los resultados en la calidad de los aprendizajes y en los datos cuantitativos socioeducativos serán negativos.
Para el año 2019 el MEDUCA tiene un presupuesto de $2,465,291,060. Unos $1,916,194,815 para funcionamiento y $549,096,245 al renglón de inversión, de los cual $13,912,253 son para mantenimiento preventivo y $114,280,742, para la construcción y rehabilitación de escuelas en todo el país, pero pese a ello, el MEDUCA carece de estándares de calidad y control de calidad de las infraestructuras escolares, y de los procesos institucionales en materia de efectividad, pertinencia y transparencia. Para muestra: en la Comarca Ngabe-Buglé, los granos de los programas de alimentación escolar se siguen pudriendo en los almacenes porque no hay quien los lleve a su destino ¿De quien es esta función? ¿Quien supervisa y evalúa los procesos institucionales del MEDUCA?. Pero la desnutrición y malnutrición se campea entre las amplias mayorías de estudiantes del país como señalan los organismos de Naciones Unidas en el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018 dando a Panamá el 4 lugar de la región con desnutrición infantil. 68 mil niños menores de 5 años no comen lo suficiente o no se alimentan bien, el 19.1% de la población infantil panameña.
Unos 453,837, que representa el 32.8%, de los menores de 18 años se encuentran en un estado de pobreza multidimensional. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de niños, niñas y adolescentes muestra que 1 de cada 3 niños se encuentra sin tres de las cinco condiciones básicas para su existencia. La población indigena lleva la peor parte, 99.3% en Guna Yala, 95.4% la comarca Ngäbe Buglé, y comarca Emberá, 81.0%. El 16.1% de niñas, niños y adolescentes pobres multidimensionales en el país no tiene acceso a educación y formación temprana; un 15.6% de niñas, niños y adolescentes pobres multidimensionales carece de una alimentación variada.
Para el año 2019 el MEDUCA tiene un presupuesto de $2,465,291,060. Unos $1,916,194,815 para funcionamiento y $549,096,245 al renglón de inversión, de los cual $13,912,253 son para mantenimiento preventivo y $114,280,742, para la construcción y rehabilitación de escuelas en todo el país, pero pese a ello, el MEDUCA carece de estándares de calidad y control de calidad de las infraestructuras escolares, y de los procesos institucionales en materia de efectividad, pertinencia y transparencia. Para muestra: en la Comarca Ngabe-Buglé, los granos de los programas de alimentación escolar se siguen pudriendo en los almacenes porque no hay quien los lleve a su destino ¿De quien es esta función? ¿Quien supervisa y evalúa los procesos institucionales del MEDUCA?. Pero la desnutrición y malnutrición se campea entre las amplias mayorías de estudiantes del país como señalan los organismos de Naciones Unidas en el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018 dando a Panamá el 4 lugar de la región con desnutrición infantil. 68 mil niños menores de 5 años no comen lo suficiente o no se alimentan bien, el 19.1% de la población infantil panameña.
Unos 453,837, que representa el 32.8%, de los menores de 18 años se encuentran en un estado de pobreza multidimensional. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de niños, niñas y adolescentes muestra que 1 de cada 3 niños se encuentra sin tres de las cinco condiciones básicas para su existencia. La población indigena lleva la peor parte, 99.3% en Guna Yala, 95.4% la comarca Ngäbe Buglé, y comarca Emberá, 81.0%. El 16.1% de niñas, niños y adolescentes pobres multidimensionales en el país no tiene acceso a educación y formación temprana; un 15.6% de niñas, niños y adolescentes pobres multidimensionales carece de una alimentación variada.
Por otro lado, la cultura alimentaria empobrecida en favor de la pésima alimentación, genera, según cifras de Salud, exceso de peso en menores de 5 años de edad , aumentando 1.1% entre el 2014 y 2017. Los expertos nutricionistas señalan que la destrucción del modelo productivo nacional genera el consumo de grandes cantidades de alimentos altos en calorías, pero bajos en nutrientes fundamentales, aumento de bebidas azucaradas, alimentos procesados, fritos y ricos en almidón.
La situación alimentaria es uno de las Condiciones de Educabilidad fundamentales que afectan el rendimiento escolar, una mala alimentación produce una pésimas condiciones de salud en el cuerpo, serán mayores las probabilidades de ausentismo, afecciones psicosociales, aislamiento y de bulling , afectando negativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, esta complejidad del problema en el sector educativo no se puede resolver por decreto, pese a la aprobación de la Ley 75 de 15 de noviembre de 2017 para promover la alimentación adecuada y un estilo de vida saludable en los centros educativos o con la inversión por el Ministerio de Educación anualmente de $19.5 millones(2017) en el programa de nutrición escolar, si no implementan políticas públicas que rompan con los vicios estructurales que crean esta situación como los negociados que existen con estos programas alimentarios traspasados por la corrupción metabólica del aparato institucional del MEDUCA. Una entidad que sigue ignorando que para alimentar a los 10,000 millones de personas que poblarán el planeta para el 2050, se necesitará de un incremento de la producción global de alimentos en los próximos 32 años, dejando de una lado el desarrollo transversal de programas de producción escolar para aumentar la autoproducción escolar y el consumo responsable basado en estándares agroecológicos y sostenibles que a la vez sean mecanismos pedagógicos en materia educación sobre el cambio climático, una realidad apremiante.
El panorama señala con toda claridad que existe un divorcio total entre la realidad de las necesidades del país y la institucionalidad que gestiona la Educación Panameña dirigida por el MEDUCA. Las cifras no mienten, es el fracaso escandaloso de una gestión fundamentada en la improvisación que les permitía los negociados y pagos de favores a quienes financiaron la campaña electoral del partido de gobierno.
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El sector educativo precisa una revolución pedagógica, una revolución institucional, y un cambio profundo de paradigma político de parte de las autoridades que gestionan el MEDUCA, y demás políticas públicas asociadas que permiten un sistema educativo con servicios de calidad, para ello se requieren personas con conocimiento científico de los problemas educativos del país al frente de la institución. MEDUCA no puede seguir pensando que los docentes somos sus enemigos, que la comunidad educativa es una enemiga que busca desestabilizar el gobierno, como era recurrente en la gestión Varela y las anteriores. Tampoco puede seguir en esa política de repartir favores a algunos dirigentes gremiales corruptos a cambio de silencio o complicidad total o a medias o en base a chantajes. MEDUCA debe extirpar la corrupción que le carcome a todos los niveles. MEDUCA debe asumir un papel proactivo y protagónico. De poco serán útiles los acuerdos pactados en los últimos 6 diálogos por la Educación, si la institucionalidad Educativa carece de capacidad para gestionar los profundos cambios que requiere la Educación en Panamá. De nada servirá contar con un 6% del PIB tan necesario para Educación, si no existe esa revolución institucional a lo interno del MEDUCA que garantice el uso eficiente, transparente y pertinente de ese presupuesto.
Hacen 5 años el pedagogo Everegisto Urriola, también planteaba la necesidad de poder avanzar resolviendo otros aspectos claves en materia educativa:
1- Revisar la política de formación docente, esto es clave para cualquier cambio o transformación de la Educación en un país.
2- Crear la Universidad pedagógica Nacional, a partir de la experiencia lograda en 74 años en la Normal, en donde se concentre todos los esfuerzos en materia e formación docente.
3-Restablecer la edad de jubilación a los 28 años de todos los docentes del país, para abrir espacios a la nueva generación de docentes desempleados.
4-Restablecer el último salario para efectos de jubilación de todos los docentes.
5-Revisar la política de formación de directores y supervisores, su perfil debe ser revisado.
6-Aumentar la asignación presupuestaria para la educación pero con controles fiscales estrictos, que evite actos de corrupción y fugas.
7- Políticas estables de mejoramiento de toda la infraestructura escolar.
8- Asignar ministros o funcionarios del nivel central , que tengan una buena formación y experiencia pedagógica, en los distintos niveles del sistema educativo.
9-Revisión estructural de la propuesta de curriculum oficial, regionalizada según los procesos productivos de cada región o provincia.
10-Políticas de control sobre la apertura y funcionamiento de instituciones educativas en los distintos niveles del sistema educativo.
11-Crear un sistema de intensivos nacionales a la profesión docente, que haga atractiva dicha función.
Estos aspectos tienen plena vigencia, a los cuales desde la corriente del gremialismo docente Democrático y Transparente, agregamos la necesidad urgente de crear las base del sistema de justicia laboral en el ejercicio de la profesión docente en Panamá y sistema profesionalización de la carrera docente que impida más improvisaciones, preserve y desarrollo la calidad docente y elimine los abusos laborales contra los profesionales de la Educación en Panamá, como ocurre en este momento en el país, donde el sistema educativo es fuente de sufrimiento y explotación contra la fuerza laboral del sector, y no un sistema para la realización profesional, laboral y humana de quienes ofrecemos toda nuestra vida a la Educación, en muchos casos, hasta perderla, y malvivirla, por las pésimas condiciones en las que laboramos, por la injusticia de un modelo salarial docente que no existe, la injusticia de sometimiento al régimen corrupto de la politiquería de persecución y odio contra el docente, entre una diversidad de males contra la condición humana que no son de un Régimen Político que sea Democrático.
Como hemos descrito, en Educación los retos del nuevo gobierno son de un inmenso tamaño, y no pocos elementos nos hace falta citar. Estos retos, por supuesto que no los puede enfrentar solo el gobierno, deberá promover y dejarse acompañar por todo el conjunto de la sociedad panameña, en todas sus diversidades políticas y sociales, sector privado y público, docentes y comunidades educativas, pero como hemos manifestado siempre, la voluntad política de quienes administran la cosa pública, primará para que se de ese nuevo camino que el país requiere con urgencia en materia educativa. Los compañeros y Compañeras de Piedra Roja lo exigen urgentemente, como el resto de los docentes, estudiantes y comunidades educativas del país que de seguro están dispuestas a asumir el reto de esa Revolución Integral en Educación.
Estos aspectos tienen plena vigencia, a los cuales desde la corriente del gremialismo docente Democrático y Transparente, agregamos la necesidad urgente de crear las base del sistema de justicia laboral en el ejercicio de la profesión docente en Panamá y sistema profesionalización de la carrera docente que impida más improvisaciones, preserve y desarrollo la calidad docente y elimine los abusos laborales contra los profesionales de la Educación en Panamá, como ocurre en este momento en el país, donde el sistema educativo es fuente de sufrimiento y explotación contra la fuerza laboral del sector, y no un sistema para la realización profesional, laboral y humana de quienes ofrecemos toda nuestra vida a la Educación, en muchos casos, hasta perderla, y malvivirla, por las pésimas condiciones en las que laboramos, por la injusticia de un modelo salarial docente que no existe, la injusticia de sometimiento al régimen corrupto de la politiquería de persecución y odio contra el docente, entre una diversidad de males contra la condición humana que no son de un Régimen Político que sea Democrático.
Como hemos descrito, en Educación los retos del nuevo gobierno son de un inmenso tamaño, y no pocos elementos nos hace falta citar. Estos retos, por supuesto que no los puede enfrentar solo el gobierno, deberá promover y dejarse acompañar por todo el conjunto de la sociedad panameña, en todas sus diversidades políticas y sociales, sector privado y público, docentes y comunidades educativas, pero como hemos manifestado siempre, la voluntad política de quienes administran la cosa pública, primará para que se de ese nuevo camino que el país requiere con urgencia en materia educativa. Los compañeros y Compañeras de Piedra Roja lo exigen urgentemente, como el resto de los docentes, estudiantes y comunidades educativas del país que de seguro están dispuestas a asumir el reto de esa Revolución Integral en Educación.
Quien no se atreve a luchar, no merece educar.
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