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| Deterioro continuo de la infraestructura escolar por falta de programas de mantenimiento |
Reconocida por organismos internacionales, la grave deficiencia de la infraestructura escolar del país es una de las crisis en constante agudización, para muestra: el Instituto Nacional, declarado patrimonio histórico, se presenta como una víctima más de la epidemia de la mediocridad que sufren las instituciones educativas del país. El agua contaminada, las paredes agrietadas y débiles son motivo de paro para los docentes de tan emblemático colegio quienes exigen condiciones de salud y seguridad laboral mínimas para este inicio de curso lectivo. La situación del Nido de Águilas, escenario de las gestas estudiantiles que acompañan la historia de Panamá en su lucha por la soberanía refleja también el actual estado de las estructuras políticas y administrativas del territorio. Contaminadas, corroídas, insalubres y mohosas por donde quiera que se les vea se encuentran tanto las paredes como la gestión del sistema educativo en un contexto de maleantería y corrupción normalizadas en los espacios de administración pública. La inoperancia del MEDUCA en el mantenimiento de este y todos los planteles educativos del país, mantienen inerte el sistema educativo impidiendo avances significativos en el desarrollo de la economía nacional, produciendo mayor perdida de tiempo de escolarización, que las huelgas docentes por las pésimas condiciones laborales del personal docente.
El estancamiento histórico en materia de infraestructura y su catastrófico resultado en la ejecución de un programa de estudios con un atraso de 40 años posiciona a Panamá en un deplorable porcentaje de calidad educativa de 0,48, frente al 0,32 de la media de las economías más desarrolladas, en cifras GINI.
El Sistema de Información Socioeducativa de la AEVE(SISAEVe) realiza cada año un informe sobre el monitoreo del desarrollo en el mantenimiento de la infraestructura de la red escolar de acuerdo a los datos recopilados en el transcurrir de las semanas previas al inicio de clases como herramienta para el análisis y construcción de propuestas para combatir las deficiencias que afectan el sistema educativo.
En el año 2018 unos 873,000 estudiantes iniciaron el año lectivo en Panamá, 750,000 en el sector público y 123,000 de escuelas particulares. La primera semana del año escolar 2018 fue una metáfora de lo sucedido durante el resto del año. Como ejemplo, el inicio de clases en Veraguas mostró los graves problemas de arrastre, algunos de más de de 5 años, como el caso del colegio Miguel Alba de Soná. Que procedieron a construir sin la debida planificación, teniendo que dar clases en lugares alternativos. Fueron habituales los problemas crónicos de la red escolar de la provincia en la zona norte y otras áreas de difícil condición laboral por la falta de mantenimiento de las infraestructuras, que aumenta con daños por factores climáticos que MEDUCA nunca evaluó.
Un año después, finalizando la gestión Varela, el estado de situación de la infraestructura escolar del país no ha variado ni en calidad, mantenimiento y cantidad pertinente para cada región educativa de un país con ingresos de PIB de $52 132 millones. En 2018 según informes, en la Comarca Ngabe-Buglé, el 89% de los centros escolares las y los docentes manifestaron no tener facilidades necesarias, sólo el 9% de las escuelas en comunidades reciben agua potable.
El crecimiento negativo de los índices de condiciones de educabilidad y condiciones de trabajo docente de las áreas de difícil condición laboral, se refleja con tragedia en la comarca Ngabe Buglé, con altos costos humanos entre docentes y estudiantes muertos por la nula acción del Estado en materia de políticas públicas. Como ejemplo de la decidia oficial, el año pasado la Escuela de Higueron, Besikó, fue creada sólo en el papel, pero no existía en el terreno, ni siquiera al plantel se le había dotado de Bandera Nacional. La acción de padres de familia y docentes permitió llevar adelante en esas precarias condiciones el año lectivo, sin embargo, este año, la realidad es la misma, no existe respuesta institucional a suplir este Derecho a la Educación.
Como si fuera poco el cinismo politiquero y la mediocridad en la gestión de la infraestructura escolar del país llevan al presidente Varela a aumentar el hampa burocrática en el mando institucional: creando el viceministerio de Infraestructura. Otro mal necesario desde el discurso burocrático que nos deja, una vez más, nadando para no llegar nunca a la orilla.
La élite burocrática oficialista se pavonea en la comunidad internacional con la supuesta intención de lograr los Objetivos del Milenio en materia de desarrollo humano, pero se contradice con las prioridades que da en inversión pública injustificable como la construcción de una tarima de $50millones para las tertulias con el Papa, durante la JMJ, mientras un 93% de las escuelas de regiones educativas de alta precariedad como la Comarca Ngabe Buglé son, todavía y en pleno siglo XXI, escuelas rancho. El orden en la prioridad de inversión en Panamá se corroe a merced de la también normalizada corrupción.
Para las vísperas del año lectivo, el MEDUCA se atribuye la pomposa inversión de $12 milones en sillas, tableros y escritorios, mientras 31 centros educativos que iniciarán clases en parroquias, centros comerciales y juntas comunales no verán ni centavos ni mejoras por otro año consecutivo a falta de inversión en infraestructura adecuada.
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Al menos 5 escuelas en Panamá Oeste no están listas para la entrada a clases, arrastrando deficiencias en el desarrollo y conclusión de proyectos de remodelación de hace más de dos años, como es el caso del colegio técnico Fernando de Lessep en Arraiján, que cuenta con 2600 estudiantes. Son comunes los casos de escuelas que no cuentan con las condiciones de salubridad mínimas como baños en buen estado, agua potable o rampas para personas con discapacidad. Este año, la escuela multigrado de Punta Chame no contará con electricidad para inicios del curso lectivo. El Instituto Rubiano en el distrito de San Miguelito, posee una arquitectura deprimida que pone en riesgo a los aproximadamente 3,369 estudiantes matriculados, 204 Profesores y 107 administrativos, con este volumen de actividad humana sobre la vieja estructura los estudiantes y el personal se encuentran en peligro inminente.En otros centros como: el CEBG José Encarnación Escala, ubicada en el corregimiento de Santa Rita en La Chorrera, aún se realizan trabajos de construcción de nuevas aulas al igual que Altos de San Francisco en el corregimiento de Guadalupe en La Chorrera.
MEDUCA intenta ocultar la desgracia nacional, diciendo que de los 3186 centros educativos registrados en el país, 421 mantienen proyectos de reparación en su estructura y 36 se encuentran en una “situación especial”. Pero son más de 9255 los estudiantes que no iniciarán clases el 11 de marzo.
El colegio José Antonio Remón Cantera, ubicado en la vía Israel, tiene un proyecto de mejoras de infraestructura por el monto de $29 millones 974 mil 98 centavos desde el año pasado y presenta 0% de avance. Lo mismo que la escuela Santa María de Los Ángeles, desde 2017 también tiene el proyecto de mejoras ($29 mil 978 con 63 centavos) y solo han avanzado un 2%.
Es así como queda demostrada la ineficiencia, corrupción y el incumplimiento de los jugosos contratos de construcción y remodelación de planteles, siendo este este un profundo flajelo en el proceso de subsanación y reestructuración del sistema educativo y una pérdida de presupuesto sumamente necesario. Ya no son extrañas las contrataciones a empresas de papel o de dudosa procedencia. Igualmente son comunes los casos de empresas que incumplen con el respeto a los Derechos de las y los trabajadores que laboran en obras de infraestructura de la red escolar, ya que la calidad de las empresas no está garantizada por la ausencia en el cuerpo institucional educativo del país, de estándares científicos de obras civiles para los procesos pedagógicos, criterios técnicos o de experiencia requerida. Así es como resulta entonces, una serie de problemas de pésima gestión del MEDUCA, que hacen perder tiempo importante y condiciones necesarias para la calidad de la Educación Pública.
La desigualdad económica no sólo golpea las áreas de desarrollo más vulnerables de la sociedad si no que el mismo sistema que propicia esa desigualdad pareciera sabotear todo intento de los sectores sociales por buscar una alternativa en la Educación al ya normalizado empobrecimiento del tejido social
Las deficiencias del sector público se traducen negativamente sobre las pobres regulaciones al lucro en la educación resultando en toda clase de problemáticas en la educación particular que resiente en sus principales usuarios de los sectores de ingreso medio de la población panameña.
El MEDUCA permanece inoperante y hace oídos sordos a peticiones puntuales que sectores sociales organizados como la AEVE exige, como la certificación de los centros escolares del país en materia de salud, calidad en infraestructura y seguridad ocupacional para la población trabajadora del sector educativo.
La necesidad de superación de políticas públicas crea espacios de autogestión y construcción colectivas desde el sector docente a fin de encontrar alternativas a la cada vez más creciente necesidad de una reestructuración del sistema educativo y de estándares de infraestructura propicios para los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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