El proyecto de ley, tiene grandes debilidades como la ausencia de fundamentos técnicos pedagógicos, crea como obligatorio un cambio en la carga horaria de los planes de estudio desde pre kinder, sin sustentar las razones que hacen de ello una decisión que beneficie el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin explicar qué habilidades y conocimientos serán dejados de recibir en niveles tan fundamentales para el desarrollo del niño y niña como prekinder y kinder. Todo esto necesita ser aclarado en una legislación de tal importancia, por ello en el proceso del debate, es necesaria una abundante ilustración técnico-pedagógica, a los diputados y a la ciudadanía, con apoyo de la Universidad de Panamá y estudiosos de la materia, para así adoptar una redacción que reúna las mejores prácticas, y evitar naufragar la propuesta en otra improvisación más en materia educativa.
Se obvia la importancia de la pedagogía, y modifica los requisitos para aspirar por una vacante de esta materia, sin establecer un puntaje específico, señalando que solo profesionales de ciertas carreras podrán impartir esta materia sin tomar en cuenta la formación en enseñanza o en educación para necesidades especiales.
Además, este proyecto de ley, elimina una frase muy importante del artículo 3 de 1992 donde dice que la enseñanza de la informática será de manera progresiva, “procurando que el beneficio alcance tanto a los planteles del área urbana como rural”, con lo que se demuestra que el objetivo de este proyecto de ley parece no aportar a la disminución de la brecha de oportunidades de aprendizaje entre estudiantes del área urbana y áreas rurales y comarcales, aspecto que debe quedar muy claro.
Con una cantidad incierta de escuelas listas para el inicio del año escolar 2019 y aún con la deuda de 6% como mayor inversión del producto interno bruto del país a la educación, se habla de un compromiso de estado para invertir en equipos y capacitaciones que serán impartidas por empresas privadas, pero sin decir que el Estado es el que debe garantizar una política al respecto en alianza de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología-MEDUCA para aportar un solución técnica desde la propia productividad del Estado.
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La Asociación de Educadores Veragüenses siempre rechaza los camarones legislativos y propuestas de ley que puedan vulneran la calidad de la enseñanza en el país, aumentan la brecha del conocimiento y son pensados como mecanismos para legalizar negociados que tendrán como sustento los erarios públicos. El proyecto de ley en mención debe expresar que no es esa su naturaleza.
Debe superar las falencias que tiene, reorientándose a los objetivos originales del mismo proyecto sostenido durante tantos años en las luchas de los docentes de informática: Lograr un régimen de profesionalización como parte del cuerpo docente, con los mismos derechos, en homologación, que garanticen condiciones de trabajo y modelo salarial, comunes a todos los docentes e igualmente, coadyuvar a una política integral de la enseñanza de las ciencias informáticas en el sistema educativo.
El proyecto de ley debe ser mejorado porque la Educación como Derecho Social debe ser gestionada con alta calidad por una entidad que nos representa a todos y todas, que es el Estado, y no al lucro.
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