Este 24 de mayo se interpuso una acción ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare inconstitucional el artículo 1 de la Ley 2 de 14 de enero de 2003, que establece la enseñanza obligatoria del idioma inglés en los centros educativos oficiales y particulares del primer y segundo nivel de enseñanza y dicta otras disposiciones, por ser contrario a lo que establece el artículo 100 de la Constitución (que la enseñanza se impartirá en el idioma oficial, es decir, el español). El gobierno de Juan Carlos Varela creo Panamá Bilingüe aprovechándose de las endebles bases legales producto de la falta de coherencia legislativa.
El programa Panamá Bilingüe está sustentado, como los otros, en la ilegalidad y arbitrariedad que producen la falta de planificación de Políticas Públicas en Educación, en este caso concreto, en materia de enseñanza de lenguas extranjeras. En el ámbito técnico pedagógico abundan las denuncias de docentes participantes del programa sobre el material de contenido y mediación pedagógica totalmente descontextualizado de la realidad del sistema educativo panameño. Miles de dólares de erario público han sido dilapidados por este programa en la compra de textos que no obedecen a la realidad pedagógica, y los mismos docentes han tenido que crear y adaptar marcos pedagógicos para cumplir con los items mínimos de aprendizaje.Al carecer de un marco técnico pedagógico contextualizado en sus contenidos y mediación es claro que es imposible cualquier mecanismo de Evaluación de los aprendizajes, porque es imposible ofrecerle un marco Técnico Docente contextualizado, lo cual dificulta aún más el desempeño integral del programa. Estamos frente a un programa que carece, según la denuncia de los expertos en enseñanza de lenguas, toda lógica pedagógica, con la única función de publicidad oficialista y la dilapidación de millones de dólares en potenciales actos de corrupción y posibles lesiones patrimoniales.
El abuso llega al nivel que los docentes son contratados de forma temporal, sin pagarles, sin firmar contratos a tiempo, y por su fuera poco, contratados como Administrativo de MEDUCA, violentando las normas de Contraloría y la legislación de función pública en materia laboral de la Profesión Docente, que es la función que realizan los docentes en este programa. El programa Panamá Bilingüe, al igual que otros programas, han dejado miles de docentes en estado de precariedad laboral, sumando a ello, la fracasada Reforma Curricular de la administración de Lucy Molinar. Esta situación ha dejado, también, a miles de docentes del sistema educativo regular, sin carga horaria.
Con estos programas, como Panamá Bilingüe, el gobierno de Juan Carlos Varela se ahorra millones de dólares en contratación de personal docente en el sistema regular, precarizando la profesión docente, violando los derechos de miles de docentes, y destruyendo aún más la calidad de los aprendizajes de la Educación Pública.
También, la Asociación de Educadores Veraguense, este mismo jueves 24, cursó nota formal a la Contraloría General de la República, con la solicitud de que aplique las correspondientes auditorías a los programas y proyectos especiales que lleva adelante el Ministerio de Educación, en la administración de Marcela Paredes de Vásquez.
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