El compañero Secretario General de la AEVe, Juan José De La Lastra, miembros de la Junta Directiva y Directorio de Colón se reunieron con el director regional de Colón, Julio Gallardo. En la reunión se plantearon temas como condiciones de la red escolar, situación de los programas como el de Nutrición Escolar, Comunidad Educativa Regional que aun no se ha constituido, problemas generales del sector docente y estudiantil y el caso particular sobre los descuentos masivos ilegales en la Escuela Crispino Ceballos, denunciado el 21 de marzo del presente año.
El caso de los descuentos masivos a los compañeros y compañeras docentes de la escuela Crispino Ceballo, es la expresión de la ausencia de un marco del derecho laboral administrativo que proteja al docente y haga cumplir con los derechos del docente a las autoridades del MEDUCA, como patrono.
No existe una institucionalidad que haga cumplir la justicia laboral a la Profesión Docente. No existe un tribunal laboral administrativo donde al docente se le garantice el debido proceso, la celeridad e igualdad que plantea la Constitución de la República y los acuerdos en materia de derechos sociales y laborales ratificados por el Estado Panameño. En un contexto institucional como este, el abuso a los derechos de las/os docentes de la Escuela Crispino es uno de los muchos abusos que se vienen cometiendo contra el docente en materia de sus derechos laborales y que se agudiza con la crisis acumulativa del sistema educativo, de improvisación gobierno tras gobierno.
Los descuentos a los docentes colonenses a simple vista tienen vicios de ilegalidad, muchos de ellos son reportes elaborados del 2015, que hasta ahora están aplicándolos, es decir, están realizando descuentos dos y hasta tres años después. Algunos corresponden a días de fin de semana, días feriados y días de fuero maternal.
Se dieron los vicios de siempre. Acciones de manera unilateral, violentado el debido proceso sin llenar Modelo C, sin comunicarle a las/os docentes.
Los descuentos eran de aproximadamente $190 y se le ejecutaron a 91 trabajadores de 93 incluyendo al subdirector del colegio. Estos descuentos avalados por el MEDUCA y la Contraloría General de la República, fueron aprobados para aplicarse entre los meses de enero y noviembre de 2017.
El caso de la escuela Crispino dice claramente cuáles serían los resultados surgidos de un Proceso de Evaluación Integral del Sistema Educativo Panameño en su aspecto laboral administrativo. Una institucionalidad podrida que es una maquinaria de abusos contra los docentes.
Por ello la Asociación de Educadores Veragüenses exige el respeto al Estado de Derecho, las garantías fundamentales y los convenios internacionales en materia de derechos laborales en el ejercicio de la Profesión Docente, con propuestas concretas, como la necesidad de un profundo cambio político institucional en el país a través de un proceso Constituyente que Democratice de forma integral toda la institucionalidad del sistema educativo y el resto de agentes de Estado, fundamentales en el diseño de las políticas públicas de educación y cultura.
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