a. Derogar el Decreto
920 del 30 de octubre de 2012 firmado por usted y la Ministra, que crea un
nuevo sistema de gestión y administración de centros educativos, que a todas
luces abre las puertas a la privatización de la administración de los centros
educativos públicos oficiales y en la cual los padres de familia van a tener
que gestionar recursos económicos para sostener los mismos. Además cercena de
manera clara la permanencia de los docentes en sus cargos. Violando, Señor Presidente la Ley Orgánica de
Educación, ya que condiciona la permanencia de los educadores a una
“evaluación” que realizará un “Consejo de Evaluación”. Consideramos que un
cambio en nuestro sistema educativo en cuánto a un nuevo sistema de
administración debe ser un tema de debate con todos los sectores involucrados y
no una imposición de una persona.
b. Se imponen en los
cuatro años de administración de la Ministra Lucy Molinar, una serie de
decretos que a todas luces son ilegales porque violan las normas establecidas
en materia educativa como:
-
El Decreto 944 de 21 de
diciembre de 2009, que transforma el currículo panameño en la Educación Media,
sin ningún estudio previo e implementando carreras arbitrariamente sin tomar en
cuenta las características y necesidades de cada área del país, un aspecto que
la Ley Orgánica ordena. Lo más
preocupante es que este año pone en vigencia el Decreto donde generalizan la
Transformación sin un documento escrito que evalúe la efectividad de este plan
piloto. Además desmejora las condiciones laborales del docente
panameño al eliminar la estabilidad docente dejando a cientos de educadores del
nivel medio sin carga horaria (la ley exige de 24 a 30 horas para ser
considerado docente regular). Ha destruido la educación media, al acabar con las escuelas técnicas
eliminando las horas prácticas y de talleres, teniendo como resultado la
deserción de jóvenes con necesidades especiales. Y lo que es peor, eliminando
materias humanísticas que es un atentado contra la identidad nacional y el
fortalecimiento de valores democráticos y reduciendo la capacidad de análisis y
reflexión de los estudiantes.
-
Crea el Decreto 600 de 21 de julio de 2010, que modifica unilateralmente
las reglas para el concurso de nombramientos y traslados, introduciendo como causal de traslado la necesidad de servicio, dejando en las manos de
manera subjetiva el movimiento de los docentes de una escuela a otra, sin que
existan los criterios objetivos para realizar esta acción, retrocediendo en
materia educativa a los años en donde más valía el dedo político que los
méritos de un educador.
-
Mediante el Decreto 145 de 5 de marzo de 2012 se
crea el Programa de Vacantes en Línea (PROVEL) que según sus promotores
agilizaría los nombramientos, es más transparente y evitaría la perdida de
clases. Sin embargo, este documento
viola las siguientes disposiciones legales:
a. Artículo 18 de la
Constitución Política de la República de Panamá
b. Numeral 4 del artículo
23, numeral 9 del artículo 220 de la ley 47 de 1946
c. Literal b y c del
artículo 2 de la ley 82 de 1963
d. Artículo 17 de la
ley 50 de 2002 y Numeral 3
e. Artículo 3 del
decreto ejecutivo 351 de julio de 2003.
Además de lo
anterior se ha detectado que los nombramientos en PROVEL tardan mínimo siete
días hábiles, mientras con el procedimiento anterior el trámite demoraba dos
días máximo y se han hecho múltiples denuncias de manipulación de los registros
académicos de los docentes participantes.
c. Reiteramos la preocupación
de los gremios magisteriales en cuanto a las condiciones de educabilidad,
especialmente las pésimas condiciones en que se encuentra más del 60% de las
escuelas (cifras del propio Ministerio de Educación) las cuales durante el año
no han recibido el mantenimiento adecuado, por lo que las propias comunidades
educativas han tenido que salir a manifestarse, a pesar de que hemos recibido
con agrado la noticia de que este año la comida vuelve hacer con productos
naturales y nacionales, no les está llegando a tiempo a las escuelas,
especialmente las áreas de difícil acceso. Por lo que los gremios docentes en
varias ocasiones hemos manifestado tanto al Ejecutivo como a la Asamblea
Nacional de Diputados la propuesta de aumentar como en los países con gran
crecimiento económico el presupuesto del MEDUCA en un 8% del PIB del país.
d. Los educadores de
este país hemos manifestado en repetidas ocasiones nuestro interés por
establecer un diálogo franco, cordial, respetuoso y honesto con la señora
Ministra de Educación y su equipo de trabajo con el propósito de lograr
acuerdos o acercamiento entre las partes que conlleven al mejoramiento de la
educación panameña, sin embargo, la respuesta que recibimos en reiteradas
ocasiones por parte del Ministerio de Educación y en especial de los
Supervisores y Directores de los Centros Escolares son los constantes ataques,
amenazas, persecuciones y sanciones administrativas ilegales como las
destituciones de varios compañeros dirigentes y la separación sin salario del
profesor Andrés Rodríguez. Esta feroz
campaña programada solo tiene el interés de desprestigiar a los educadores y
dirigentes magisteriales, acallar la voz
de protesta y disminuir nuestro espíritu
de lucha, sin que a la fecha lo hayan logrado.
El 13 de agosto de 2012, después una huelga(derecho
universal de todo trabajador no importa el sector) de varios días, la Ministra
firmó un acuerdo donde aceptaba la instalación de una mesa de negociaciones con
la participación de la Iglesia Católica como mediadora para tratar los
siguientes temas: La revisión de los casos de los compañeros Danys Gallardo,
Oldemar González, la creación de una Comisión integrada por abogados de la
Iglesia y los gremios para revisar los procesos disciplinarios del Prof. Andrés
Rodríguez y los otros compañeros injustamente perseguidos, sin lograr ningún
avance en este tema, discutir el tema del PROVEL, conversar del compromiso del
MEDUCA de reparar y acondicionar todos los centros educativos del país. Se realizaron cuatro reuniones después de las
cuales la Ministra inventa una serie de compromisos y no convoca a nuevos
encuentros.
e. La situación
económica que aqueja a los educadores es extremadamente difícil y
angustiosa. Somos los profesionales peor
pagados de este país, tomando como referencia nuestros estudios y experiencia
laboral. Sabía usted que la mayoría de
los compañeros que están en las aulas de clases poseen dos títulos uno en su
especialidad y otro en profesorado (docencia), sin contar que muchos cuentan
con postgrados, maestrías y hasta doctorados.
Somos la base del sistema socioeconómico de la nación, sin embargo, nos tratan
como limosneros o “peseteros” (término utilizado frecuentemente por la ministra
Molinar) cada vez que solicitamos conversar de un ajuste salarial o de un
programa de incentivos al sector magisterial.
Consideramos necesario que el gobierno nacional, encabezado por el
Presidente Martinelli, debe poner atención a estas justas demandas, que como
trabajadores de la educación, realizamos para tener una vida digna para
nosotros y nuestras familias. Hemos entregado para abrir un debate y
negociación, a la Señora Ministra estudios científicos en materia económica de
un ajuste salarial justo para los docentes, el cual ha desechado sin entrar en
un debate de altura.
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